El juicio oral del 'caso Piaf' ya tiene fecha, la Audiencia Provincial de Castellón fija el inicio el próximo 7 de enero del 2021
Castellón Información
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha asegurado hoy que “pase lo que pase en el juicio por el caso Piaf, lucharemos para que el pueblo de Vila-real no pague los 600.000 euros de facturas falsas” que dejó el anterior equipo de gobierno del PP. Benlloch, a preguntas de los medios de comunicación, se ha referido a la información publicada hoy en relación a la celebración en enero de 2021 del juicio por este caso, en el que están procesados el ex alcalde del PP, Juan José Rubert, y el ex concejal de Servicios Públicos y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón durante la etapa de Carlos Fabra, Ramón Tomás, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento mercantil.
Benlloch ha recordado que “cuando llegamos al gobierno en 2011, detectamos una serie de facturas por valor de 600.000 euros de las que nadie se hacía responsable y por trabajos que no estaba acreditado que se hubieran hecho”. Estas facturas, que formaban parte de los 9 millones de euros de facturas sin pagar que dejó el anterior gobierno del PP, estaban a nombre de la empresa Piaf, “una mercantil que en el juicio del caso Gürtel reconoció haber financiado al Partido Popular”. El alcalde ha subrayado que desde el primer momento “nuestra misión fue defender los intereses de la ciudad de Vila-real y anular estas facturas para que no se pagaran”.
“Nueve años después, los responsables de haber firmado los endosos de aquellas facturas se sentarán en el banquillo para explicar por qué un día antes de tomar posesión yo como alcalde, y cuando estaba prácticamente en funciones, el anterior alcalde endosó a un banco a través de un préstamo el pago de estas facturas que luego se vio que no eran válidas”, recalca el primer edil quien recuerda que en estos nueve años el Ayuntamiento no ha dejado de luchar para evitar el pago de estos 600.000 euros.
“Si ahora seguimos luchando para que asuman su responsabilidad es porque la empresa Piaf quebró y se nombró un administrador concursal que gestionaba los intereses de los acreedores a los que había dejado tirados. Ese administrador concursal nos ha reclamado en varios juicios que paguemos esas facturas, pero nosotros llevamos 9 años luchando para no tener que pagar”, detalla el alcalde. En este sentido, recuerda que hay varios juicios abiertos en el ámbito contencioso-administrativo que ahora han quedado suspendidos hasta que se dirima la causa penal.
Respecto al juicio, que se celebrará en enero de 2021, Benlloch ha asegurado que espera que “se aclare qué ocurrió, que den explicaciones quienes eran responsables entonces y que la ciudad de Vila-real sepa qué pasó con aquella empresa, por qué era la única que podía trabajar con el Ayuntamiento de Vila-real, qué sabe el Partido Popular de todo esto y quién daba las órdenes de contratar a esta empresa”.
“Pero, sobre todo, -ha incidido- mi interés como alcalde será que el pueblo de Vila-real no tenga que pagar esos 600.000 euros, porque los trabajos no se hicieron”. “Mi misión en estos nueve años, luchando con una situación económica durísima, con todos los empastres que nos dejaron, ha sido proteger al pueblo de Vila-real, porque 600.000 euros no son una broma”. Además, Benlloch ha señalado “el daño que estos nueve años ha generado para el Ayuntamiento, con gastos en abogados y mucho trabajo del personal municipal para defender a la ciudad”.
La convocatoria del juicio
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón notificó el pasado jueves 9 de julio el inicio del juicio oral del 'caso Piaf', que durará 8 jornadas y empezará el próximo 7 de enero del 2021. La acusación particular pide casi 10 años de prisión para el alcalde en la última legislatura del PP, Juan José Rubert y su entonces concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás, presuntos autores de delitos continuados de prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento mercantil. Una pena de privación de libertad sumada a los 26 años de inhabilitación para empleo o cargo en puestos públicos.
Además de Rubert y Tomás solicitan estas penas también al funcionario Miguel Ánguel Zorrilla y otras cinco personas vinculadas como los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dolz, Santos Pozo, Miguel Lovo y Francisco Vicente Belenguer. En el juicio prestarán declaración 34 personas, entre la que se incluyen funcionarios del Ayuntamiento.
Investigación del caso
La investigación del 'caso Piaf' se basa en presuntas irregularidades cometidas en torno a facturas de diferentes proyectos y el certificado de finalización de obra de la sede de la Policia Local. Según los técnicos municipales, estos informes no correspondían con la realidad y alcanzaban la suma de casi 600.000 euros. El ex alcalde Rubert, firmó en solitario las cantidades reclamadas por Piaf y no lo comunicó ni al personal técnico ni a los departamentos de Intervención y Secretaría tal acción.
El ahora alcalde José Benlloch se negó entonces a asumir tal pago que fue reclamado posteriormente por el Banco Sabadell.
