Santiago Beltrán. Abogado.
Resulta ciertamente curioso que estemos en presencia de la primera actividad humana que desde la ilegalidad o la prohibición haya tenido mejor salud que tras todos los intentos de su normalización y legalización.
La historia del ‘parany’ es una paradoja absoluta y es el ejemplo evidente de que en la clandestinidad se vivía mejor. Sino fuera así no se entendería cómo, si desde la aprobación de la Directiva Europea de Aves de 1979, el uso de la liga estuvo completamente prohibido en todo el continente, por estar considerada como un procedimiento masivo y no selectivo, al igual que el uso del reclamo eléctrico, la posibilidad de utilizar el método tradicional de caza en cuestión no solo no contó con una exhaustiva persecución policial sino que incluso se llegaran a conceder durante diversas temporadas autorizaciones administrativas excepcionales para su práctica, ya fuera por el Estado como, posteriormente, por la Comunidad Valenciana. Los grupos ecologistas no impugnaban dichos permisos y desde la Comisión Europea no se decía ni palabra. Simplemente estaba consentido como un arte localizado en determinadas regiones del mediterráneo, practicado por un número insignificante de cazadores, aunque entonces existieran muchas más instalaciones que las existentes treinta años después.
Podríamos decir que el ‘parany’ era en las décadas de los setenta, ochenta y noventa, un método de cazar tordos arraigado entre las gentes más humildes del levante español, que servía de forma de control y estabilidad a las poblaciones de túrdidos, que todos los otoños pasaban por estas tierras en su migración hacia el sur, y que regresaban las primaveras en su camino hacia el norte para nidificar y comenzar un nuevo ciclo anual. Podemos afirmar que, aunque no fuera del agrado de la mayoría, contaba con un respaldo social suficiente, para dejarlo en paz.
Todos los problemas surgen cuando las buenas intenciones de los cazadores, cansados de no tener un reconocimiento formal y legal, les lleva a intentar convencer a los políticos de turno para que les den la posibilidad de ser cazadores de ley, como muchos otros con los que en definitiva tienen que competir (fundamentalmente los de la escopeta selectiva y legal). El Decreto del Consell Valenciano del año 2000, que debía significar el paso definitivo hacia ese reconocimiento público, es el inicio, contrariamente a lo esperado, de una tortura administrativa, judicial y penal. La mayor persecución que se recuerda en el mundo civilizado contra una práctica cinegética tradicional, aquella que, no lo olvidemos, está más arraigada entre las gentes humildes, honradas y trabajadoras, vinculadas a la tierra y a la agricultura de forma inseparable y consustancial.
La aprobación de un reglamento de regulación del ‘parany’ para la caza legal de zorzales, removió las conciencias de todos aquellos que hasta entonces no habían temido la competencia de los ‘paratores’, así llamados en la Edad Media. La ‘parança’ de pronto, era un problema y un estorbo fundamental para ecologistas, cazadores de otras artes, políticos e instituciones.
La excusa fue entonces que no era un método selectivo (porque podía capturar cualquier clase de ave o pájaro) y masivo (porque existían innumerables instalaciones y la voracidad de los cazadores era ‘pantagruélica’). La sentencia del Tribunal de Justicia de esta Comunidad del año 2002, posteriormente confirmada por la del Tribunal Supremo en 2005, venía a señalar que ni los ‘paranyers’ ni la Generalitat Valenciana, habían demostrado la selectividad del método, por la inexistencia de estudios científicos. El Decreto valenciano quedaba anulado por completo. Paralelamente, los mismos ecologistas que habían conseguido que la justicia les amparara en sus recursos contra el ‘parany’, exaltados y animados por el primer éxito no pararon de perseguir a estos cazadores, y pretendieron erradicar el método de una forma definitiva y absoluta. Pensaban que en España, a pesar de las sentencias contra el ‘parany’, la Administración estatal y autonómica, entonces en manos de un gobierno contrario a sus intereses, consentía la práctica y a pesar de que la prohibición era clara, los practicantes lejos de disminuir habían aumentado considerablemente, posiblemente por ignorancia de la situación legal existente.
Hasta aquí la primera parte de este artículo, que continuará en las próximas semanas.
