En menos de medio año, el Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA) ya no es solo un texto legislativo, es un filtro real que separa la promesa de la industria cripto de su ejecución práctica. El 30 de diciembre de 2024 marcó la entrada en vigor de los primeros bloques normativos, y, desde entonces, el goteo de licencias ha sido tan lento como revelador.
Mientras Bruselas pule los últimos detalles técnicos, las autoridades nacionales, incluida la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se mueven con cautela. El calendario de implantación acaba en España el 30 de diciembre de 2025, un periodo transitorio más corto que en otros países europeos.
Seis meses de MiCA: Balance inicial
Según el registro provisional de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), solo 39 entidades han logrado la codiciada autorización MiCA en toda la Unión. El ritmo puede parecer exiguo, pero refleja la complejidad del nuevo marco.
Para lograr la licencia, las empresas deben acreditar robustos sistemas de custodia, de gobernanza y de resiliencia operativa compatibles con DORA, el reglamento de ciberseguridad financiera que también entra en escena este año.
En la práctica, MiCA ha convertido el territorio cripto europeo en un club selecto donde la solvencia tecnológica pesa tanto como el músculo financiero. No obstante, el impacto regulatorio va más allá de los exchanges. Plataformas de juego y operadores de pago ya notan cómo los clientes exigen un extra de transparencia.
Basta ver la atención que recibe cualquier ranking de los mejores casinos para jugar al poker con criptomonedas para constatar que el cumplimiento normativo se ha convertido en un argumento de marketing tan potente como los bonos de bienvenida. Además, el espejo nacional confirma la tendencia europea.
A día de hoy, la CNMV solo ha firmado una licencia MiCA. La de BBVA, que planea ofrecer compraventa y custodia de Bitcoin y Ether a partir de este verano. Otras cuatro entidades financieras, tres bancos adicionales y una firma de asesoramiento, esperan el visto bueno, junto con otros proveedores ya inscritos en el registro de activos virtuales del Banco de España.
La estadística es elocuente, ya que de las 137 empresas que figuran en ese censo, los expertos calculan que apenas un 20% superará el examen MiCA, lo que augura una fuerte concentración sectorial durante los próximos 18 meses. Ese proceso coincide con el viraje estratégico de la gran banca.
Santander y CaixaBank han anunciado pro jetos para los próximos años, mientras las entidades medianas aguardan a ver cómo se mueven los grandes, en palabras de Beatriz Benítez, responsable de Regulación Financiera en finReg360. El mensaje entre líneas es claro. MiCA iguala las reglas y, al mismo tiempo, encarece la entrada para operadores sin respaldo corporativo potente.
Los puntos aún grises: EMT, stablecoins y la doble licencia
La Opinión EBA/Op/2025/08, publicada el 10 de junio, ha puesto negro sobre blanco un escollo inesperado. La autoridad bancaria recuerda que los e-money tokens (EMT) deben cumplir simultáneamente MiCA y PSD2, lo que deja a los proveedores con un dilema.
O bien solicitan una segunda licencia de entidad de pago antes de marzo de 2026 o pactan con un banco que ya la tenga. La EBA sugiere que el legislador europeo aproveche PSD3/PSR para evitar este doble escalón, pero, de momento, la exigencia sigue en pie y multiplica los costes de capital y de ciberseguridad exigidos por DORA.
Además, los emisores de stablecoins se quejan de la falta de criterios uniformes sobre reservas y auditorías. El Banco Central Europeo propone topes de emisión a aquellas vinculadas al euro para preservar la política monetaria, mientras los supervisores nacionales piden instrucciones claras sobre cómo liquidar un token sistémico si pierde paridad.
La primera versión de MiCA deja fuera dos motores de la innovación cripto. Las finanzas descentralizadas (DeFi) y el staking. Esa ausencia preocupa a los grandes actores locales. Algunas empresas ya han remitido a Bruselas propuestas para que se defina un perímetro regulatorio.
Uno que distinga entre protocolos realmente descentralizados y empresas que prestan servicios sobre ellos. Sin un marco específico, la autoridad española solo podrá aplicar la ley de forma residual, dejando vacíos de protección para el consumidor. ESMA y la CNMV han fijado el 30 de diciembre de 2025 como fecha límite.
Es el límite para que todos los proveedores que operen en España tengan licencia MiCA. A partir de entonces, la comercialización será ilegal y se exponen a sanciones proporcionales al volumen de negocio. El supervisor europeo ultima las directrices técnicas de la tercera ronda de consulta, dedicada a gobernanza y conflictos de interés.
Los bancos, por su parte, aprovechan la ventana transitoria para cerrar alianzas. BBVA ya empezó con sus servicios de compraventa de Bitcoin y Ether, mientras Santander y CaixaBank preparan pilotos internos orientados a clientes de banca digital avanzada. La incógnita es si las fintech con capital limitado llegarán a tiempo o si veremos un mercado con menos actores pero más robustos.
