Los últimos acontecimientos, acaecidos esta semana, han sacudido a Benicàssim y han dejado una profunda huella en la ciudadanía. Más allá de las pérdidas materiales, lo que permanece es una sensación amarga: la de vivir en un municipio donde la seguridad, un pilar fundamental del bienestar colectivo, parece haberse debilitado de forma preocupante.
Hoy queremos mostrar nuestra plena solidaridad con la familia Álvaro, y en particular con Marisa, que no solo ha sufrido el impacto económico de un atraco perpetrado por tres individuos encapuchados a plena luz del día y en pleno centro del municipio, sino también un daño moral que difícilmente puede cuantificarse. Ninguna familia debería atravesar una experiencia así. Ningún vecino debería sentir que en Benicàssim un robo a mano armada es algo que puede ocurrir sin consecuencias para los responsables.
Pero la realidad —o al menos la sensación ampliamente compartida entre numerosos vecinos— es que los robos de gran valor que han tenido lugar en los últimos años, presuntamente cometidos por organizaciones criminales, han quedado sin resolver. Con ello, los bienes sustraídos jamás han podido ser restituidos a sus propietarios. Esta percepción de impunidad erosiona la confianza en las instituciones y deja al ciudadano en una inquietante indefensión.
Y aquí es necesario hablar, con claridad y responsabilidad, de la seguridad ciudadana que ofrece actualmente la Policía Local de Benicàssim y, sobre todo, de los planes de seguridad vigentes. No se trata de señalar individualmente a agentes que trabajan dentro de sus posibilidades, sino de cuestionar una estructura y una estrategia que, a ojos de muchos vecinos, no está respondiendo a la magnitud ni a la evolución de las amenazas actuales, ya que muchos nos preguntamos: ¿Qué tipo de seguridad ciudadana se está garantizando en Benicàssim si las víctimas nunca obtienen justicia ni los delitos una respuesta eficaz?
Los atracos y robos que se han dado en los últimos años —algunos sorprendentemente audaces, otros silenciosos y quirúrgicos— parecen haber superado la capacidad de detección, anticipación y reacción del sistema de seguridad municipal. Si un plan de seguridad no logra evitar, disuadir o interrumpir estos delitos, entonces es un plan que necesita ser revisado con urgencia.
Por eso, desde el respeto pero también desde la firmeza que exige la responsabilidad pública, instamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benicàssim a que proceda a una actualización integral del plan de seguridad ciudadana, que revise si hay falta de previsión, de actualización tecnológica y coordinación, que hoy hacen de Benicàssim un destino vulnerable. Por ello, pedimos una revisión profunda, realista y ambiciosa. Un plan que incluya más medios, más tecnología, mejor coordinación interinstitucional y una estrategia adaptada a las nuevas formas de criminalidad que afectan a localidades turísticas como la nuestra.
Benicàssim tiene derecho a ser un lugar seguro. Sus vecinos tienen derecho a caminar tranquilos. Las familias, como la de Marisa, tienen derecho a vivir sin miedo a que su estabilidad económica o emocional pueda desmoronarse por un acto violento impune.
Es momento de actuar. Es momento de tomar en serio lo que está ocurriendo. Benicàssim no puede permitirse mirar hacia otro lado. Y su ayuntamiento tampoco.
