El ayuntamiento afirma que se cumplirá la legalidad.
Las asociaciones de vecinos piden ayuda a los partidos, políticos, pero estos no se ponen de acuerdo
El ayuntamiento de Castellón ha dado luz verde a más de 40 expedientes de demolición por vía subsidiaria de viviendas ilegales en la Marjalería. Son construcciones o remodelaciones que no se acogen al Plan Especial de la Marjalería, ubicadas en Suelo Protegido No Urbanizable. Pero no son los únicos expedientes abiertos ni tramitados. Hace unos meses, Gecen pidió al juez la actuación sobre más de 700 expedientes de infracción urbanística abiertos por el Ayuntamiento en los últimos años, tras la aprobación del Plan Especial de la Marjalería en el 2002. El Ayuntamiento afirma que cumplirá la legalidad. Las asociaciones reclaman comprensión, pero solo un pacto municipal unánime podría plantear un alto consensuado para resolver el tema sin llegar al derribo. Y hoy por hoy, los partidos no se ponen de acuerdo.
El ayuntamiento sigue adelante con la tramitación de expedientes por infracciones ilegales en la Marjalería. En la Comisión Informativa de esta semana se han vuelto a tratar nuevos expedientes para la demolición subsidiaria de inmuebles o actuaciones irregulares en la zona. Según PSOE e Izquierda unida fueron ocho. Según el equipo de gobierno, hay más de 40 procesos de demolición subsidiaria. Esto es, la demolición de la irregularidad por parte del Ayuntamiento con el dinero o los fondos de los infractores, por embargo de cuentas o procedimientos similares.
Pero esto es solo parte del proceso. Porque ahora los sancionados pueden recurrir, ir al juez, o incluso pedir que se les permita demolerlos ellos mismos.
En proceso de orden de demolición puede haber entre 100 y 200 expedientes. Al tiempo, que como infracciones, el número de expedientes sancionadores sobrepasaría los 700.
El equipo de gobierno afirma que cumple con la legalidad, y que realiza su función de velar por la legalidad urbanística tal como le exige la Ley. Izquierda Unida y Gecen acusan al ayuntamiento de mirar a otro lado.
El Ayuntamiento se comprometió y cumple la legalidad, lo que ocurre es que un mismo caso puede pasar varias veces por el ayuntamiento y los trámites, siguen su curso, indicaba el concejal de Urbanismo. Se levanta el acta, se le apercibe, se inicia el proceso… y el propietario puede recurrir o incluso ir a los tribunales. Respetamos el estricto cumplimiento de la legalidad”.
Las asociaciones de Vecinos de la Marjalería han pedido a los grupos políticos que suscriban un manifiesto de apoyo a la Marjalería. Es mucho lo que está en juego. El problema es que la Marjalería se ha convertido en un arma política arrojadiza y los grupos no se ponen de acuerdo. Si no es por unanimidad, ningún partido político firmará el acuerdo, y hoy por hoy, eso está muy lejos de hacerlo.
Plan Especial de la Marjalería
El Plan Especial de la Marjalería, aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento en julio del 2002, marcó un antes y un después en la regulación urbanística de los más de 22 millones de metros cuadrados situados en la parte más baja del término municipal de Castellón.
Aunque hasta entonces se habían aplicado varios intentos de ‘punto y final’ para frenar la construcción ilegal de viviendas, no fue sino hasta la redacción de este Plan Especial, que recibió el apoyo condicionado de la Conselleria, cuando se establecieron unas bases de regulación urbanística, que intentaban dar una solución consensuada a la realidad que negaba la Ley: la existencia de más de 4.000 viviendas que habían surgido como trasformación de antiguas casas de labranza o aperos, en una zona tradicionalmente agrícola.
Los grupos consensuaron el Plan
El Plan fue consensuado en abril del 2002 por los grupos políticos con representación municipal: PP, Psoe y Bloc. Fue condicionado por la Conselleria de infraestructuras a que se respetaran las zonas más sensibles de Zona Verde y Suelo no Urbanizable, y se crearan infraestructuras básicas. Y fue denunciado por Gecen, que ya entonces intentó parar su desarrollo, aunque un año después, en abril del 2003, el Tribunal Superior de Justicia declaraba caducado el expediente, porque Gecen no había avanzado en su recurso.
Pormenores del plan Especial
No fue una tarea fácil. Para poder regularizar las construcciones existentes, el Plan General de la Marjalería comprendía el tratamiento de 5.000.000 de metros cuadrados de la superficie total de 22.000.000 de metros cuadrados, diferenciando tres zonas de actuación: Suelo Urbano, para las zonas de población consolidada; Suelo Urbanizable, donde la edificación está más diseminada; y Zona Verde Protegida, en aquellas áreas catalogadas por su especial interés ecológico o paisajístico. Se valoraban también las infraestructuras existentes, los servicios, cercanía a caminos principales… En resumen, se reparcelaba de alguna forma todo terreno para poder establecer diferencias de uso en cada zona.
Con este estudio, se dio luz verde a la regularización urbanística de más de 2.500 viviendas y se suscribió un convenio con el Colegio de Aparejadores de Castellón. También se solicitaron y obtuvieron ayudas europeas para la urbanización de las zonas consolidadas. El resto de las viviendas no incluidas en esta ‘legalización’ no serían derribadas, pero si reconocidas; aunque no podían realizar modificación alguna en sus viviendas.
Diez años después, la norma de punto y final con el Plan Especial de la Marjalería no ha puesto freno a la construcción de nuevas viviendas, ni a la remodelación de las que había ‘fuera de ordenación’. Pero ahora, el tema está en los tribunales.
