El candidato al Congreso por Castellón plantea reformar la legislación para que la Policía pueda desalojar de inmediato las viviendas ocupadas ilegalmente
El candidato de VOX al Congreso por Castellón, Alberto Asarta, ha anunciado que su partido derogará la actual Ley de Vivienda y reformará la legislación para facilitar el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente si llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Asarta ha realizado este anuncio a raíz del caso de una familia del barrio del Roser de la Vall d'Uixó, que llevaba tres meses intentando recuperar su vivienda cuando se conoció la situación el pasado octubre. La intervención policial no concluyó con el desalojo y el asunto quedó en manos de la Justicia.
El candidato ha defendido que la legislación debe proteger a los propietarios y evitar que tengan que esperar meses para recuperar sus inmuebles. En este sentido, ha señalado que muchas familias dedican años de esfuerzo y ahorro a comprar una vivienda y continúan pagando sus hipotecas, por lo que considera injusto que no puedan disponer de su propiedad.
Según los datos del Ministerio del Interior, la provincia de Castellón registró 177 hechos conocidos por allanamiento y usurpación de inmuebles en 2025, frente a los 204 contabilizados en 2024.
La formación también ha destacado distintas actuaciones policiales en la provincia. En Castellón de la Plana, la Policía Local impidió seis entradas y consiguió que los ocupantes abandonaran otras cuatro viviendas entre mayo y agosto de 2026. Asimismo, se han producido intervenciones en Burriana, Almassora y Benicarló para impedir nuevas ocupaciones o recuperar inmuebles.
El candidato de VOX ha atribuido el aumento de estos casos a las políticas de la izquierda y ha asegurado que se trata de un problema que afecta a distintos municipios de la provincia.
De cara a las elecciones del 29N, Asarta ha reiterado que, si su partido gobierna, derogará la Ley de Vivienda y modificará las normas que, a su juicio, dificultan la recuperación de los inmuebles ocupados. Su propuesta contempla que, una vez acreditada la ocupación ilegal, los agentes puedan desalojar a los ocupantes y devolver la vivienda a sus legítimos propietarios.
