El director general de Costas, Marc García Manzana, denuncia que el Gobierno central avanza en los deslindes sin ejecutar las obras de regeneración necesarias para proteger la costa
La Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat ha anunciado que presentará alegaciones al procedimiento de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de Xilxes.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, que se personó en el acto de apeo junto al alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, lamentó que “el Ministerio de Transición Ecológica sigue revisando los deslindes en nuestra costa a lo largo de más de 60 kilómetros” y consideró “muy triste que actúe así en vez de efectuar las obras de regeneración que necesita la costa”.
García Manzana destacó que la Generalitat se ha opuesto desde el inicio a estos deslindes en la Comunitat Valenciana y subrayó que el Consell trabaja para desplegar todas sus competencias dentro de la nueva Ley de la Costa, con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de herramientas para afrontar estos procesos, especialmente en núcleos de valor patrimonial costero.
El director general advirtió que la actuación del Gobierno central “tira hacia atrás la línea roja del dominio público marítimo-terrestre”, generando nuevas afecciones a los propietarios, cuyos derechos de propiedad se verán limitados por la servidumbre de tránsito o de protección. Además, señaló que se constata una aplicación indebida de la ley, por lo que, de insistir en el deslinde, este debería reiniciarse aplicando el reglamento en la versión anterior, previamente declarada nula por el Tribunal Supremo.
El deslinde afecta concretamente a tres infraestructuras: un chalet que pierde medio jardín, una parcela sin construcciones y un camping, que pierde la piscina, el restaurante y algunas casetas.
García Manzana coincidió con el alcalde en la necesidad de agotar todas las vías para frenar el deslinde y advirtió que podría ser necesario interponer un recurso contencioso-administrativo, calificando la actuación del Gobierno central como “un golpe de fuerza dentro de la vorágine por deslindar”.
