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El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado esta semana las alegaciones contra las bases que regulan la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios (POYS) para 2016, al considerar que infringen los principios de igualdad y no discriminación entre los vecinos de la provincia de Castellón, y en las que se solicita la modificación del acuerdo del pleno del mes de febrero. En el documento, el portavoz del PSPV, José Benlloch, argumenta que, con la aprobación de esta convocatoria, se vulneran el artículo 8.3 de Ley General de Subvenciones y los artículos 1, 3 y 5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la propia Diputación, en los cuales se establece que la gestión de las ayudas objetivas a las que se refieren ambas normativas se realizarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
El dirigente socialista reitera que este tipo de actuaciones solo viene a demostrar que “Moliner utiliza la Diputación a su antojo y sin ningún tipo de criterio, más allá del partidista, a la hora de convocar las subvenciones a las que pueden optar los ciudadanos de la provincia”. José Benlloch recuerda que el PP basa su defensa en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, argumentando que la Diputación debe de trabajar para los municipios de menos de 20.000 habitantes, “pero lo que hace, exactamente esta normativa”, explica el portavoz socialista, “es imponer una obligación a la Diputación para que preste determinados servicios a localidades menores de 20.000 habitantes, pero en ningún momento excluye a ningún municipio ni a ningún vecino de poder optar a las subvenciones que otorgue la institución provincial, ya que el resto de competencias de la Diputación no pueden estar sujetas al límite poblacional y ésta debe prestar sus servicios en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos”, mantiene Benlloch, quien asegura que “de no hacerlo sería una infracción del principio de Igualdad y No Discriminación”.
Para Benlloch, las bases que regulan los POYS son una muestra de esta circunstancia, “ya que unas 400.000 personas que residen en la provincia no podrán disfrutar de la subvención de estos planes de obras y servicios”, debido a que “el PP ha decidido, de forma arbitraria, que en los municipios de más de 20.000 habitantes se restringe cualquier tipo de inversión de la subvención en el núcleo principal de la población, lo cual ya supone una discriminación no justificada respecto a los ciudadanos habitantes de esta zona”.
El dirigente socialista denuncia que “Moliner, no contento con ello, ha establecido en las bases a qué 'núcleo poblacional diseminado' o pedanía debe destinar cada uno de los 8 municipios de más de 20.000 habitantes el dinero solicitado para las subvenciones”. En este sentido, Benlloch reprocha a Moliner que la “Diputación no es quién para decirle, por ejemplo a la alcaldesa de Castellón dónde tiene que invertir el dinero”. Al mismo tiempo, Benlloch explica que los casos “más sangrantes son los de Vinaròs, Benicarló y la Vall d'Uixó, que no recibirán ningún euro a no ser que el secretario de los ayuntamientos, excediéndose de sus funciones, acredite la existencia de alguna pedanía, hasta el momento desconocida”. Los socialistas denuncian que el acuerdo adoptado por el Pleno “no perjudica a los ayuntamientos o a las entidades con personalidad jurídica de esas localidades sino a los vecinos, que no podrán verse beneficiados con la subvención destinada a los POYS”.
El dirigente del PSPV asegura que “el criterio arbitrario y discriminatorio del reparto de los fondos públicos ha convertido a la Diputación en una institución secuestrada por un partido político, que premia a los suyos y castiga al que no le ha votado mayoritariamente”.
Por otra parte, Benlloch ha reiterado en la idea de que “no se va permitir que haya un enfrentamiento entre pueblos grandes y pequeños debido a la forma de actuar del PP”, y ha defendido el hecho de que “los municipios de más de 20.000 habitantes colaboren con sus impuestos con el bienestar de las localidades más pequeñas desde un principio de solidaridad, pero ha reiterado que “la solidaridad no se puede construir con exclusión”.
Por último, hay que señalar que el Grupo Socialista de la Diputación de Castellón ha solicitado la modificación del acuerdo de las bases que se aprobaron en el pleno de febrero de 2016. Benlloch mantiene que ha sido una “decisión política y partidista” la que ha excluido a ocho municipios, los cuales suman casi 400.000 ciudadanos (cerca del 70 % de la población de la provincia), de la única ayuda reglada, objetiva y equitativa de inversión de la Diputación. El portavoz socialista explica que “casualmente, ninguno de estos municipios está gobernado por el Partido Popular”.
Para Benlloch el agravio es mayor “cuando se puede comprobar que otras diputaciones, como la de Alicante, que está gobernada por el PP, no excluye a ningún municipio de sus Planes Provinciales por el número de habitantes, lo que deja en evidencia al señor Moliner, cuando argumenta cuestiones competenciales”. El dirigente del PSPV señala que “el criterio arbitrario y discriminatorio del reparto de los fondos públicos, ha convertido a la Diputación en una institución secuestrada por un partido político que premia a los suyos y castiga al que no le ha votado mayoritariamente”.
