La Consellería paralizó durante 10 años la regulación urbanística porque la zona estaba calificada como ‘inundable’
El Ayuntamiento de Castellón confía en la redacción de un nuevo Plan Especial de la Marjalería para dar soluciones a la zona con nuevas promesas de inversiones. El planeamiento actual de la Marjal, que votaron PSOE, Bloc y PP por unanimidad, tardó casi diez años en conseguir el ‘visto bueno’ de la Conselleria, está sin ejecutar y nunca se invirtieron los 112 millones de euros previstos. La Asociación de la Marjalería repite las mismas negociaciones, confiando en que el Ayuntamiento será capaz de paralizar las demoliciones.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Con una superficie que supera con creces los 17 millones de metros cuadrados, y una situación enquistada desde hace más de 30 años, el Ayuntamiento de Castellón ha vuelto a iniciar contactos con la Asociación de la Marjalería, con la promesa de que un nuevo Plan Especial será capaz de ofrecer soluciones a los más de 20.000 vecinos que habitan la Marjalería de Castellón.
Pero ¿Será capaz de sacar adelante el Ayuntamiento un nuevo Plan Especial, con nuevas zonas urbanizables sobre las propuestas anteriormente para evitar los derribos de construcciones iniciales?
¿Podrá el bipartito municipal, en minoría en Castellón y en Valencia, dar solución a lo que no pudo resolver el PP con su mayoría absoluta en ambas instituciones durante más de diez años?
Los vecinos esperan que sí, o al menos esta es la conclusión que sacaron ayer de la reunión (no incluida en la agenda pública municipal) que mantuvo la ‘renovada’ Asociación de Vecinos de la Marjalería, con el ‘renovado’ equipo de gobierno del Ayuntamiento.
Una reunión en la que casi todo fueron novedades: nuevos representantes municipales: los integrantes del bipartito, Amparo Marco, Enric Nomdedeu, y el concejal de Ordenación del Territorio, Movilidad y Área Metropolitana, Rafael Simó.
Y nuevo presidente por parte de la Asociación de la Marjalería, Rogelio Molina, que lejos de mantener una línea de continuidad o, al menos de ‘consenso, con el anterior presidente, acogió ‘de nuevas’ todos los temas que se trataron sobre la polémica de la Marjalería.
Las novedades en cuanto a los interlocutores explicarían el tono del comunicado remitido por el Ayuntamiento de Castellón, según el cual todo fueron buenas palabras, buenos propósitos y oportunidades históricas para arreglar una situación “que nuestra ciudad lleva arrastrando desde hace más de 20 años porque los anteriores equipos de gobierno del ayuntamiento no han afrontado el problema de la Marjalería, han mirado hacia otro lado y han engañado a los ciudadanos”.
Y la declaración de los vecinos, cuyo presidente, después de reiterar seis veces “vamos a hacer muchas cosas”, indicaba que no podía contar apenas ninguna, porque de todo eso el que lo sabe “es el abogado”, que por cierto, y a tenor de la fotografía remitida por el Ayuntamiento, sería el más histórico en esta asociación que el anterior presidente de la Marjalería.
Según ha podido saber Castellón Información, a tenor de la conversación mantenida con el actual presidente de la Asociación de la Marjalería, Rogelio Molina, los integrantes de este colectivo están convencidos de que el Ayuntamiento puede llevar a cabo la redacción de un nuevo Plan Especial de la Marjalería que amplíe la superficie urbanizable de la zona y admita ‘excepciones’ para intentar evitar la demolición de las viviendas que ahora infringen la Ley.
Y también están convencidos, de que la entidad municipal tendrá la fuerza suficiente para paralizar la demolición de viviendas ilegales de la Marjalería. Para el actual presidente, es cierto que cuando un tema llega al fiscal la cosa se pone difícil pero ¿Quién puede ordenar la demolición de una casa cuando ya está construida?
Una vez más, los argumentos volvían a ser los mismos, las soluciones parecidas, las expectativas, inmensas. “nos han dicho que van a hacer muchas cosas”, volvía a repetir el presidente de la Asociación de la Marjalería.
Un nuevo “punto y final”
Como ha ocurrido tantas veces antes en el Ayuntamiento de Castellón, y con respecto a la problemática de la Marjalería, ambas partes echan mano a una nueva ‘ley de plazos’ que establezca el punto y final, y que ayude a ‘salvar’ a los que se encuentran al límite de los recursos legales, porque “Alguien”, y concretamente, “El Ayuntamiento” les debía haber impedido construir de forma ilegal”. Y ese impedimento no pasaba solo por la inspección, el apercibimiento, la denuncia, o la sanción, sino por intervenciones contundentes que les hubieran derribado la primera piedra de su vivienda ilegal cuando la pusieron.
En el comunicado oficial del Ayuntamiento, el bipartito no se pillaba los dedos, y según indicaba textualmente: “la alcaldesa ha sido tajante al afirmar que “no podemos más que cumplir la legalidad”. En la conversación con los vecinos, se ven muchas más puertas abiertas e incluso la esperanza de que con la redacción de un nuevo Plan Especial se pueda propiciar otro punto de referencia que respete todo lo que se ha construido hasta el momento…. Aunque lo que se haga a partir de ahora…
Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo que se daba hace más de 30 años: la Marjalería está definida en los documentos territoriales como suelo inundable, y aunque Ayuntamiento y Conselleria decidieran mirar para otra parte, asociaciones como Gecen han llevado ya el tema ante los tribunales. El incumplimiento de la ley se considera prevaricación.
¿Sería posible resolver el problema con un nuevo Plan Especial de la Marjalería? ¿Podría el Ayuntamiento aprobar un nuevo Plan más flexible que el que ya se aprobó en el 2004?
La historia de la Marjalería se repite. Como se repiten las promesas y las negociaciones.
La primera intervención urbanística en la Marjalería de un ayuntamiento democrático de Castellón, fue realizada por el alcalde Antonio Tirado y su concejal de Urbanismo José Luis Villamarín, a principio de la década de los 80. Fue cuando la Marjalería se llenó de carteles que prohibían construir con amenazas de demolición. Era la norma del “punto y final”, que aseguraba ‘respetar’ todo lo hecho hasta entonces y perseguir cada nuevo incumplimiento de la ley.
Primera orden de demolición
El bipartito PSOE- CDS, del alcalde del socialista Daniel Gozalbo (1987-1991), se encontró con el mismo problema multiplicado por dos. Su concejal de Urbanismo, Hipólito Beltrán (CDS), llegó a llevar a Comisión de Urbanismo la demolición de seis viviendas construidas ilegalmente en la Marjalería, entre ellas, la situada al final del campo de tiro. Se creó la Asociación de Vecinos de la Marjaleria. No se efectuó el derribo.
Asociación de la Marjalería
El PP habló de diálogo, de consenso, de un plan Especial de la Marjalería y de un nuevo Plan General. José Luis Gimeno ganó las elecciones en 1991 y el apoyo de la Marjalería fue determinante. El 7 de agosto de 1992 el Ayuntamiento firmaba un acuerdo con la Asociación de la Marjalería, impulsado por el entonces concejal de Urbanismo, Víctor Falomir. El acuerdo establecía un nuevo “ punto y final”, y comprometía al Ayuntamiento a estudiar y desarrollar un Plan Especial para la Marjalería en un plazo de 4 años. (Fue aprobado en pleno el 25 de septiembre de 1992).
El 15 de julio de 1994 se firmó un nuevo convenio, similar al anterior, que volvía a establecer esta fecha como punto de partida para la realización de “Una restitución fotogramétrica de la zona”; Una ‘cartografía digitalizada, con la inclusión de todas las construcciones existentes. Paralelamente, el Ayuntamiento se comprometía a realizar inversiones, asfaltado, infraestructuras de agua potable alumbrado público y recogida de basuras.
Avance del Plan Especial de la Marjalería
El 16 de julio de 1996 el Ayuntamiento de Castellón y la Asociación de la Marjalería firmaron un nuevo acuerdo, que recogía los dos anteriormente citados, pero con los trabajos urbanísticos realizados para la creación del Plan Especial de la Marjalería.
El Plan se centraba sobre una superficie de 17 millones de metros cuadrados; proponía subdividir la Marjalería en 86 parcelas que se diferenciaban entre sí por la consolidación urbanística, su cercanía a caminos, zonas pobladas y zonas protegidas. Estas parcelas y su configuración determinaban también su calificación urbanística como Suelo Urbano, Urbanizable, No Urbanizable o No Urbanizable Protegido. Y establecía en la Marjalería una malla primaria en cuanto a sus necesidades y servicios; calculaba la inversión para su desarrollo en casi 9.000.000 millones (8.798.298.330 pts.) de las antiguas pesetas.
La Conselleria no da su apoyo
El avance del Plan fue respaldado por los vecinos, pero no convenció a la Conselleria. El 12 de noviembre de 1999, y en el ámbito de las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento a la Conselleria de Obras Públicas, durante la tramitación del PGOU, para rebatir las dudas sobre la calificación del suelo de la Marjalería y su carácter de suelo inundable, se hacía referencia a las características físicas que determinaban ‘el suelo urbano’ como: “El suelo es urbano cuando cuenta con acceso rodado, suministro de agua potable, energía eléctrica y evacuación de aguas”, al tiempo que se recordaba el grado de consolidación urbanística, y la realidad de una zona que debía tramitarse con la excepcionalidad que requerían sus condiciones.
En el 2000 salió adelante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castellón (que posteriormente tumbaría el TSJ en el 2008).
PP, PSOE y Bloc aprueban el Plan por unanimidad
Pero hasta enero del 2004 la Conselleria de Medio Ambiente no dio el visto bueno al Estudio de Impacto ambiental del Plan Especial de la Marjalería, y hasta diciembre del mismo año no se aprobó el Plan Especial de la Marjalería, eso sí, por unanimidad, con los votos del PP, PSOE y Bloc, que ahora sería Compromís. Para entonces, el coste de la inversión había ascendido a los 102 millones de euros con un plazo de ejecución de 12 años.
Ni las negociaciones ni la redacción del Plan Especial habían conseguido paralizar las construcciones ilegales en la Marjalería. En cuanto a las inversiones prometidas, las justas.
Denuncias del Gecen
El punto de inflexión llegó a partir de abril del 2006, cuando Gecen interpuso una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón de Castellón por la construcción de viviendas "ilegales" en la zona de la Marjaleria de Castellón.
Y se acentuó aún más cuando el mismo grupo llevó el tema ante la fiscalía.
La Marjalería ya no dependía de que el Ayuntamiento y la Conselleria quisieran mirar de frente o de lado. El meollo de la cuestión es que el Ayuntamiento está obligado a actuar si se demuestra que se está incumpliendo la legalidad, aunque se alarguen los plazos, porque no hacerlo implicaría un delito de prevaricación.
La Conselleria sería ahora más estricta
Por otra parte, y según reconocía el anterior responsable de Urbanismo, Miguel Angel Mulet, el tema es peliagudo. Tras la actualización del Patricova los requisitos medioambientales se han endurecido tanto, que ahora sería imposible aprobar un Plan Especial de la Marjalería como el que se resolvió favorablemente a finales del 2006.
En esta tesitura, el Ayuntamiento, aunque estuviera dispuesto a redactar un nuevo Plan General, siempre consideró intocable el Plan Especial de la Marjalería, porque legalmente estaba separado de la pieza central del PGOU anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Si ahora se tuviera que volver a plantear un nuevo Plan Especial, a lo mejor no solo no se conseguiría dar cobertura legal a las viviendas amenazadas ahora por la demolición, sino que posiblemente, quedarían sin respaldo zonas o construcciones que anteriormente si se consideraron en el antiguo Plan.
Inversiones y paralizar desde el principio
A corto plazo, los vecinos piden inversiones, y eso posiblemente sí que lo consigan, si no se toca ningún aspecto urbanístico de la zona.
También se han puesto de acuerdo con el bipartito, en que el Ayuntamiento paralice cualquier construcción en su origen y no cuando la obra esté completada… Con los medios actuales eso podría ser mucho más fácil, porque los vuelos aéreos realizados por diferentes instituciones y cada vez más habituales, no solo permiten al Ayuntamiento detectar construcciones en los espacios donde no las había, sino también a Hacienda, actualizar los valores catastrales y los pagos de los impuestos a sus promotores y propietarios…
Ahora bien, antes también se indicaba que lo que se hacía no era correcto y quienes lo llevaban a cabo se apresuraban para terminar la construcción para presentarlo como hechos consumados… ¿Puede el Ayuntamiento o sus fuerzas de seguridad entrar en una parcela privada y derribar el principio de una construcción presumiblemente ilegal? ¿O cuando hayan conseguido cerrar los trámites y los permisos con todos sus plazos legales se encontrarán ya con chalecito de dos plantas con piscina?.
