Castelló en Moviment cuestiona el acuerdo del bipartito con los bancos y afirma que no se ha cerrado el tema de los desahucios
El círculo de los desahucios no solo no se ha cerrado en Castellón, sino que, además, tiene por delante y en este momento sobre la mesa, una cruda realidad: 40 órdenes de ejecución de desahucio, de las cuales, 15 afectan a la única vivienda de familias que no tienen otros recursos. Castelló en Moviment pidió ayer medidas fiscales. El bipartito no pudo apoyarlas, porque hubiera incurrido en prevaricación. Y ni la moción original ni las enmiendas planteadas salieron adelante, porque reinó la guerra de las minorías.
Esperanza Molina/Castellón Información
Castelló en Moviment presentaba ayer una moción para solicitar medidas urgentes para “garantizar el derecho a la vivienda en Castellón”. Sobre esta moción, se presentó una enmienda de sustitución de los grupos Socialista y Compromís, que integran el equipo de gobierno municipal; y una enmienda de supresión por parte de Ciudadanos.
Esta moción llamaba especialmente la atención, después de que el balance del bipartito hubiera repetido por activa y por pasiva, su gran logro de estos meses: que se había cerrado el círculo de los desahucios.
La moción ponía sobre la mesa dos temas de especial relieve: que a Castelló en Moviment le ha sentado como un tiro la política de titulares del bipartito, en la que se ha asumido como propio una gestión en la que esta agrupación e electores lleva trabajando sin descanso, y que todavía no ha encontrado soluciones.
Y segundo, y según afirmó en el pleno el concejal José Ignacio Vallejo, en este momento no solo no se ha cerrado el círculo, sino que están en periodo de ejecución 40 órdenes de desahucio, que afectan, fundamentalmente, a 15 familias y a su única vivienda.
El tema de la vivienda, reconocía la concejal delegada de este departamento, Ali Brancal, de Compromís, ha resultado un hueso más duro de roer de lo que se pretendía. Sobre todo, porque para poder actuar hay que hacerlo desde la legalidad y con seriedad.
Esto implica, según manifestó públicamente la concejala: poder controlar el parque de viviendas municipales: cuantas son, donde están quien las ocupa y en qué régimen; si se han ocupado ilegalmente y, finalmente, en qué estado se encuentran para poder ofrecerlas a las víctimas de los desahucios.
También se encontrarían en estudio, las ofertas de ciudadanos privados, que ofrecen su vivienda para estos fines. Porque, indicaba Ali Brancal, hay que ver cómo están estas viviendas, pero sobre todo, como se regula jurídicamente esta cesión y los derechos y obligaciones que conlleva.
Sobre estas afirmaciones quedan todavía más cuestiones: en lo que respecta al balance satisfactorio del bipartito sobre los desahucios: Qué bancos, en qué condiciones y cómo se realizaría la gestión de las viviendas que dicen haber pactado. Y aunque hay un compromiso de intenciones con la Audiencia Provincial para que evite la ejecución de los desahucios, las leyes son las leyes y todavía no se ha cerrado este acuerdo ni se ha plasmado en documento alguno, ni se ha elaborado y hecho público el protocolo de mediación del Ayuntamiento.
Castelló en Moviment fue implacable
Y es que la moción de Castelló en Moviment, era contundente, y se podía permitir solicitar desde la oposición (aunque sea constructiva), la adopción de medidas que contravendrían, como indicó Cristina Gabarda, de Compromís, el derecho a la propiedad privada, y las normativas actuales.
70.000 parados y 1.400 ejecuciones hipotecarias
La moción de CSEM, que a su vez, actúa también en representación de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ponía de manifiesto la existencia de casi 70.000 parados en la provincia y más de 17.000 inscritos en los servicios de empleo de la ciudad de Castellón. De todos ellos, añadía, un 80% de los parados tampoco reciben prestaciones de ningún tipo, lo que ha llevado consigo a situaciones alarmantes, y a más de 1.400 ejecuciones hipotecarias de personas físicas en 2014. En la actualidad, y según afirmaban en su moción una de cada tres viviendas de Castellón en encuentran en régimen de hipoteca pendiente de pago. Sobre estos números, Castelló en Moviment solicitaba el derecho a una vivienda digna para todos.
Paralelamente, los datos aportados por CSEM señalaban en su moción, que en Castellón hay más de 1.400 viviendas vacías (sin contabilizar las de segunda residencia), y gran parte de ellas, están en manos de promotores inmobiliarios. Pero además, señalaba la moción, el Real decreto de 2012 obliga a las entidades financieras a construir un fondo social de viviendas, para proteger a las personas, deudores hipotecarios. En Castellón, indicaron, ese fondo social incluye tan solo 47 viviendas, cuyo uso, mayoritariamente se desconoce.
En base al derecho a una vivienda digna, y con los datos apuntados, Castellón En Compromís solicitaba medidas efectivas y urgentes como:
Que las viviendas del fondo social que deben suscribir y abastecer los bancos, se ponga a disposición de los servicios Sociales Municipales, para que sea la entidad municipal la que regule su uso. Que los bancos incrementen este fondo social pero además, que se les obligue a renegociar moratorias y mejores condiciones en el pago de las hipotecas, o la posibilidad suscribir alquileres sociales. Eso en torno a los bancos.
Pero en lo que concierne al Ayuntamiento, que reclame a la Consellería y la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Restructuración Bancaria), la suscripción de un convenio para disponer de un fondo de viviendas de alquiler social.
Que penalice fiscalmente a las viviendas vacías (no a las segundas residencias), de forma que los propietarios se vean obligados a ponerlas en alquiler; y al mismo tiempo, que se bonifique a los propietarios que colaboran con la oferta de viviendas vacías, pero en régimen de alquiler social.
Que se penalice fiscalmente las viviendas vacías, propiedad de los bancos.
Que se revise en profundidad el sistema de asignación y de cobertura de ayudas sociales, para ayudar en el pago de los alquileres, y el pago de los suministros energéticos, cuya deuda sobrepasa los tres meses, porque demuestran la limitada economía familiar.
Finalmente, Castelló en Moviment proponía también el compromiso de todos los grupos municipales para que el Consell impulse una Ley Valenciana de Derecho a la Vivienda y contra la pobreza energética.
Aunque el fondo de la moción, el derecho a una vivienda digna contaba con todos los apoyos, las medidas fiscales solicitadas por esta agrupación y la PAH, presentaban un problema fundamental para su aprobación. Como puso de manifiesto Cristina Gabarda, de Ciudadanos, ellos hubieran dado su apoyo si se hubieran suprimido algunas de estas medidas, que atentaban directamente contra la legislación, al ir en contra del derecho fundamental a la propiedad privada.
En la misma situación se encontraba el equipo de gobierno, que como oposición sin la responsabilidad de gobernar si ha dado su apoyo total o parcial a medidas similares en legislatura anteriores, pero que, desde la responsabilidad de gobierno, hubieran incurrido en delito y prevaricación, si les hubieran dado ayer su voto favorable.
Dejando a un lado posturas y demandas, respetables todas, el concejal José Ignacio Vallejo puso acentos y realidades sobre la mesa.
No se ha cerrado el círculo de los desahucios
Para empezar, cuestionó las palabras de la alcaldesa en torno a que se haya cerrado el círculo de los desahucios. Reconoció que las iniciativas de Castellon son tan novedosas, que han situado a esta ciudad en el centro de un mapa que espera ver los resultados para ver si pueden desarrollarlas también.
Pero dicho eso, también recordó que la política de Castelló en Moviment, no se centra en la venta de titulares, sino, en evitar, las más de 40 ejecuciones de desahucios planteadas ahora mismo, que no solo no se han paralizado, sino que siguen adelante, con el agravante, de que 15 de estas ejecuciones afectan a la vivienda de familias que no disponen de otros recursos ni domicilios.
El banco que dice ceder las viviendas no tiene credibilidad
Vallejo cuestionó también los compromisos que dice el bipartito haber asumido con los bancos, para que estos cedan viviendas para el realojo de familias. Y más, señaló sin pelos en la lengua, cuando se ha sabido que el famoso parque de viviendas procedentes de los bancos, procedería del Banco Santander. Precisamente esta entidad, denunció Vallejo, se ha caracterizado por ser una de las más agresivas en los desahucios realizados por los impagos de hipotecas, y no ofrece credibilidad alguna ni para su agrupación ni para la Plataforma a la que también representa.
Y llegados a este punto, y dejando a un lado la política ya demostrada por el Banco de Santander, señaló también, que las acciones de este banco no están dirigidas por sus responsables de Castellón, sino por las altas esferas que pueden desconocer incluso donde se encuentra Castellón. Por lo tanto, compromisos suscritos aquí corren el riesgo de convertirse en papel mojado.
Vallejo, que reclamó que el derecho a una vivienda digna sea prioritario y por tanto se anteponga al derecho a la propiedad privada, finalizó su discurso con una frase muy representativa de todo lo que acababa de decir. Con una media sonrisa irónica afirmó: “Desde luego, si se comprometen a trabajar con la PAH, tengan en cuenta que nunca los nombrarán para formar parte de ningún Consejo de Administración de las grandes entidades”.
