El informe en el que trabaja un bufete de abogados de Castellón así lo recomendaría.
El Consistorio se niega a hacer frente a los 600.000 euros en facturas supuestamente falsas que la empresa presentó.
Clara Parra Roncero
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, sigue adelante con su intención de esclarecer las supuestas irregularidades que rodean a las contrataciones de la empresa Piaf, investigada en el caso Gurtel por supuestamente financiar irregularmente al PP, con el Consistorio durante la anterior etapa dirigida por Juan José Rubert.
Si hace dos meses anunciaba que llevaría las conclusiones de la comisión de investigación municipal, por el supuesto caso de facturas falsas por valor de 600.000 euros, a los juzgados; esta mañana ha avanzado que los servicios jurídicos de un gabinete de abogados de Castellón tienen prácticamente preparado un informe en el que, entre otras opciones, dejaría la puerta abierta a denunciar a las personas que suscribieron la conformidad de esas supuestas facturas falsas, es decir, a la anterior cúpula popular con el ex alcalde, Juan José Rubert, a la cabeza.
“Lo más normal es que vaya por ahí. Sé que me amargarán mucho la vida por esta historia pero no se trata de un ataque al PP ni de protegernos a nosotros sino al dinero de los ciudadanos de Vila-real”, ha asegurado el primer edil.
Benlloch ha asegurado que el Consistorio tomará las medidas que considere oportunas porque “tiene que protegerse ya que ahora puede venir a intentar atacar a la ciudad para poder cobrar ya que la empresa está en concurso de acreedores y no puede hacer frente a sus deudas con el patrimonio que tiene. Así que nos tenemos que anteponer a lo que pueda venir. El informe espero que llegue en breve a la Junta de Gobierno”.
El primer edil, además ha recordado que la empresa Piaf está siendo investigada por los tribunales por financiación irregular del partido que dirige Mariano Rajoy y “donde sabemos también que uno de los actos investigados fue en Vila-real. Justamente aquí y desde 2007 esta mercantil facturó muchísimo en la ciudad”.
Más de tres años de litigio
Cabe recordar que el caso Piaf se remonta al mes de mayo de 2011 cuando, según denuncia el cuatripartito, el entonces alcalde, Juan José Rubert, firmó una serie de pagos mediante endosos bancarios a la mercantil, encargada del mantenimiento de edificios e instalaciones municipales por valor de 600.000 euros. Una vez tomó posesión del cargo el nuevo ejecutivo local, éste paralizó todos los pagos y analizó la veracidad de las facturas donde se determinó que algunas de ellas eran irregulares por no estar acreditadas o simplemente porque no se habían realizado. Por ello, el primer edil y su ejecutivo paralizaron los pagos a expensas de averiguar su autenticidad.
Durante este tiempo la administradora concursal de la mercantil y el propio ex alcalde, Juan José Rubert, demandaron al Consistorio por el impago. El pasado septiembre el ex primer edil anunció que se retiraba del proceso.
