De héroes a villanos: el eterno "marrón" del orden público

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El orden público siempre ha sido una trampa mortal tanto para los policías como para sus responsables políticos. Durante décadas, ha costado demasiados ceses en los despachos y ha sentado en el banquillo a numerosos agentes por el simple hecho de cumplir con su deber. Hace apenas unas semanas veíamos cómo cientos de vándalos arrasaban comercios y mobiliario urbano en varias ciudades españolas sin motivo aparente. Entonces, nadie cuestionó la actuación policial, fuera muy contundente o extremadamente tibia.

Pero llegó la huelga general y cambiaron las tornas. De la noche a la mañana, los mismos efectivos que ayer eran aplaudidos se convirtieron en villanos. Desde ciertos sectores sociales y sindicales se alzaron voces denunciando una supuesta brutalidad policial al controlar los piquetes y las manifestaciones. Una hipocresía difícil de digerir.

Nadie discute que la huelga es un derecho fundamental, al igual que los de reunión y manifestación. De hecho, el deber de la Policía y de los poderes públicos es blindar ese derecho para que se ejerza sin trabas, por muy cuestionable que fuera el trasfondo político de esta última convocatoria.

Entonces, ¿qué falló? El delicado calendario de convocatoria y el descontento y frustración social. Convocar un paro en la antesala de unas elecciones generales era echar gasolina a una sociedad ya de por sí polarizada. A eso se sumó el nerviosismo de unos convocantes dispuestos a impedir, a cualquier precio, que la jornada pinchara. Así nacieron unos piquetes que de "informativos" tuvieron poco y de combativos, mucho.

Conforme avanzaban las horas y se hacía evidente que el seguimiento no era el esperado, la agresividad escaló. Ante el fracaso en las calles, la vía más rápida para salvar los muebles y fabricar titulares fue buscar el choque directo contra los agentes —y contra todo ciudadano que osara llevarles la contraria—.

Conviene recordar algo básico que todo policía aprende en la Escuela y que exige la ley: sus intervenciones se rigen por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. A las que se les puede añadir dos reglas no escritas: el principio de oportunidad política y la sensibilidad con determinados colectivos sociales. Pero todo tiene un límite que nadie quiere recordar, solo se anteponen los derechos, olvidando que existe el choque entre los ciudadanos que no quieren la huelga y lo que sí, y por supuesto el límite de la violencia.

En el instante en que un piquete pasa del megáfono a la pedrada, cambia las reglas del juego. Cuando hay agresión, los agentes dejan de ser mera policía gubernativa y se convierten, por imperativo legal, en Policía Judicial ante un delito de atentado. Su obligación ya no es mediar, sino neutralizar la violencia y detener a los agresores. Responder con los medios legales disponibles ante los destrozos o las lesiones no es reprimir una huelga: es defender el Estado de derecho.

Resulta desolador que, tras décadas de democracia, se siga utilizando a la Policía como chivo expiatorio para tapar un fiasco sindical y político. Una huelga que nunca debió nacer murió por su propio peso, no por las cargas policiales. A sus organizadores les haría bien un ejercicio de madurez democrática: asumir su derrota sin buscar culpables de uniforme.