La Generalitat rechaza que las ayudas hortofrutícolas dependan de la cofinanciación nacional y pide aplazar el cuaderno electrónico y eximir a las pequeñas explotaciones
La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha trasladado a las instituciones europeas las principales reivindicaciones del campo valenciano ante la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Entre sus demandas figuran mantener las ayudas al sector hortofrutícola, reducir las cargas administrativas y garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
El director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el director general de Política Agraria Común (PAC), Ángel Marhuenda, han defendido estas necesidades durante una agenda de trabajo en Bruselas, donde han mantenido reuniones con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). También han participado en encuentros del Grupo de la Organización Común de Mercados (OCM) y de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH).
Uno de los principales asuntos abordados ha sido el futuro de las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). La Generalitat ha expresado su rechazo a la propuesta de introducir una cofinanciación nacional de estos programas operativos, que actualmente reciben financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
El director general, Ernesto Fernández, ha advertido de que este cambio obligaría a los Estados miembros a asumir parte del coste de las ayudas y podría limitar la capacidad de actuación de las organizaciones de productores.
Esta reivindicación también se ha trasladado a los encuentros de AREFLH, organización en la que participa la Comunitat Valenciana a través de su colegio de regiones y que defiende los intereses del sector hortofrutícola europeo.
Menos burocracia para los agricultores
Otra de las demandas de la Generalitat se centra en reducir las obligaciones administrativas que afrontan los profesionales del campo. En concreto, Ángel Marhuenda ha reclamado aplazar la obligatoriedad del cuaderno electrónico de tratamientos fitosanitarios, prevista para el 1 de enero de 2027, y establecer excepciones para las pequeñas explotaciones.
La Generalitat considera que esta medida evitaría nuevas cargas burocráticas, especialmente para los agricultores de mayor edad y las explotaciones de menor dimensión.
Durante las reuniones también se ha abordado la necesidad de adaptar los criterios de aplicación de los pagos directos de la futura PAC a las características de las explotaciones valencianas.
Por otra parte, en un encuentro con María Gafo, jefa de unidad de Sostenibilidad Social y coordinadora de igualdad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, los representantes valencianos han defendido que la próxima PAC garantice el respaldo a agricultores y ganaderos.
En este contexto, han alertado del riesgo de abandono de la actividad agraria y de las dificultades que encuentran los jóvenes para incorporarse al sector, dos problemas que amenazan el relevo generacional.
La situación del arroz también llega a Bruselas
La agenda de trabajo ha incluido reuniones con representantes de las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña, con las que la Comunitat Valenciana comparte dificultades relacionadas con el reducido tamaño de las explotaciones, el envejecimiento de sus titulares, la falta de relevo generacional y la disponibilidad de agua.
Uno de los asuntos centrales ha sido la situación del sector arrocero, afectado por una caída de los precios que dificulta cubrir los costes de producción.
En este sentido, los representantes de la Generalitat han abordado el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro del arroz en Europa, que plantea la necesidad de impulsar una estrategia común para afrontar los problemas que afectan a esta producción.
Asimismo, durante los encuentros se han analizado otros factores que condicionan la competitividad del campo valenciano, como la presión de las importaciones de terceros países, la limitada disponibilidad de materias activas para combatir plagas y enfermedades y el aumento de las exigencias administrativas.
