El conseller de Agricultura advierte de los costes que la medida supondría para las pequeñas cooperativas y almazaras valencianas, cuya producción representa el 1,4 % del total nacional
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise la medida de almacenamiento obligatorio de aceite de oliva y excluya de su aplicación a la Comunitat Valenciana. El responsable autonómico considera que la obligación de retirar un 12 % de la producción no tiene en cuenta las particularidades del sector oleícola valenciano, caracterizado por pequeñas explotaciones, cooperativas y almazaras locales.
Barrachina ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las V Jornadas de Cítricos de ASAJA-Alicante, donde ha defendido que las decisiones que afectan al sector agrario deben adaptarse a las características productivas de cada territorio.
El conseller ha recordado que la Comunitat Valenciana representa únicamente el 1,4 % de la producción nacional de aceite de oliva y que, lejos de experimentar un aumento de las cosechas, numerosas comarcas han registrado descensos de producción.
"Los productores valencianos representan el 1,4 % de la producción nacional y, lejos de registrar un incremento de sus cosechas, han visto cómo la producción disminuía en numerosas comarcas, por lo que la aplicación generalizada de esta medida no se ajusta a la realidad del sector en la Comunitat Valenciana", ha señalado.
El Consell advierte del impacto económico sobre las pequeñas almazaras
El responsable autonómico ha cuestionado que la obligación de inmovilizar una parte de la producción se aplique de la misma manera a los grandes productores y a las pequeñas cooperativas valencianas.
Según ha explicado, la retirada obligatoria del 12 % del aceite supone una carga económica para un sector cuya producción tiene una incidencia reducida en el conjunto del mercado nacional.
"Nuestra producción no influye apenas en el mercado nacional pero se nos obliga a asumir los mismos costes que a los grandes productores", ha manifestado.
En este sentido, Barrachina ha defendido que la normativa debería introducir diferencias territoriales para evitar que las mismas obligaciones se apliquen a estructuras productivas de dimensiones distintas.
El conseller ha recordado que el sector oleícola valenciano se caracteriza por la presencia de pequeñas cooperativas y almazaras locales, en las que una parte importante del aceite producido se destina al autoconsumo de los propios socios.
Esta estructura productiva, según ha indicado, dificulta el cumplimiento de una obligación que exige disponer de instalaciones para almacenar el aceite retirado temporalmente del mercado.
"Muchas de nuestras almazaras no disponen de grandes instalaciones para almacenar el aceite que la medida obliga a inmovilizar. Esta obligación les supondrá nuevos gastos de almacenamiento, logística y alquiler de depósitos que acabarán pagando los agricultores", ha advertido.
Barrachina considera que estos costes adicionales recaerían sobre los productores valencianos, pese al reducido peso de su producción en el mercado nacional.
Críticas a la diferencia de tratamiento entre el aceite español y el importado
Otro de los aspectos cuestionados por el conseller es que la medida de almacenamiento obligatorio afecte a la producción de las almazaras españolas, pero no al aceite procedente de terceros países.
Barrachina ha criticado esta diferencia de tratamiento y ha reclamado que se tengan en cuenta las condiciones de competencia de los productores nacionales.
"No tiene ningún sentido cerrar la producción local de aceite mientras abres las puertas de par en par a la entrada de aceite de otros países", ha afirmado.
El responsable autonómico ha insistido en que la regulación debería contemplar las particularidades regionales y evitar la aplicación de obligaciones que, a su juicio, tienen consecuencias diferentes según el tamaño y las características de cada productor.
El trasvase Tajo-Segura mantiene retenidos 65 hectómetros cúbicos para riego
Durante su intervención en las jornadas de ASAJA-Alicante, Miguel Barrachina también se ha referido a la situación del trasvase Tajo-Segura, paralizado desde mediados de septiembre como consecuencia de dos roturas.
El conseller ha explicado que esta situación mantiene retenidos 65 hectómetros cúbicos de agua para riego que ya estaban autorizados, de los cuales aproximadamente 20 corresponden a la provincia de Alicante.
A esta cantidad se suman otros 20 hectómetros cúbicos pendientes para el abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que también presta servicio a municipios alicantinos.
Barrachina ha destacado la importancia económica del trasvase para la agricultura de las zonas que dependen de sus recursos hídricos.
Según los datos aportados por el conseller, cada hectómetro cúbico de agua del trasvase destinado al riego genera alrededor de cuatro millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos.
También ha señalado que, en la Vega Baja y en los Riegos de Levante, seis de cada diez litros de agua destinados al riego proceden del trasvase.
En el caso concreto de la Vega Baja, ha indicado que existen 25.000 hectáreas agrícolas que dependen de estos recursos hídricos.
Barrachina destaca el papel de la citricultura valenciana en las jornadas de ASAJA-Alicante
Las declaraciones del conseller se han producido durante la inauguración de las V Jornadas de Cítricos de ASAJA-Alicante, un encuentro dedicado a analizar los desafíos que afronta el sector citrícola.
Durante su intervención, Barrachina ha destacado la importancia de la citricultura para la economía agraria de la Comunitat Valenciana y el trabajo desarrollado por agricultores, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias.
El responsable autonómico ha puesto en valor la actividad de estos colectivos para mantener la competitividad de la producción citrícola valenciana.
Asimismo, ha reconocido el papel de ASAJA-Alicante en la defensa de los intereses de los agricultores y ha destacado la utilidad de estas jornadas para trasladar las necesidades del sector a las administraciones públicas.
