La Generalitat Valenciana asume la mayor parte del coste económico de las obras para devolver la actividad al histórico complejo religioso tras su cierre por deterioro
El Consell ha aprobado de manera oficial la modificación del convenio marco destinado a implantar las infraestructuras de suministros básicos en el santuario de Sant Joan de Penyagolosa. Esta decisión se ha tomado mediante la ratificación de una adenda que altera el acuerdo original de 2025 suscrito junto a la Diputación de Castellón y la Diócesis de Segorbe-Castellón. El cambio normativo busca blindar la viabilidad económica del proyecto para revertir el abandono de este emblemático complejo, que en los últimos años permaneció cerrado al público por el grave deterioro de sus instalaciones.
La principal novedad de la adenda radica en la nueva distribución financiera para la ejecución de las obras en el santuario. A partir de ahora, la Generalitat Valenciana asumirá el 65 % de la financiación, mientras que la Diputación de Castellón aportará el 35 % restante de los fondos necesarios. Con esta inyección económica coordinada se garantiza por fin el acceso a servicios esenciales como el agua potable y la electricidad, considerados indispensables para la recuperación integral y la futura reapertura de este enclave estratégico.
Reparto y vigencia
Dentro de la aportación autonómica, el gasto se dividirá internamente para optimizar los recursos públicos de las diferentes áreas de gobierno. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades sufragará el 35 % de las actuaciones, mientras que la Conselleria de Presidencia se hará cargo del 30 % restante. Las autoridades firmantes han confirmado que el convenio modificado estará plenamente vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, incluyendo además una cláusula que permite una prórroga adicional de cuatro años si las necesidades técnicas lo requiriesen.
El motivo fundamental de este despliegue institucional es la salvaguarda de un espacio que constituye un enclave de especial relevancia patrimonial, histórica y religiosa para los municipios del interior de Castellón. Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, las administraciones se han visto obligadas a intervenir de urgencia afirmando que era vital “garantizar la conservación y adecuación” del entorno. Gracias a este paso administrativo definitivo, se sientan las bases logísticas para que los peregrinos y visitantes puedan volver a disfrutar del entorno con total seguridad.
