La investigación apunta a un grave fallo de protocolo en el centro de control de Atocha mientras 15 heridos críticos permanecen en la UCI
La tragedia ha vuelto a golpear con dureza a España este miércoles al registrarse un catastrófico accidente ferroviario a la altura de la localidad de Urda (Toledo). La colisión directa entre un tren de Renfe y otro de Iryo se ha cobrado, por el momento, la vida de 74 personas y ha dejado más de 100 heridos, de los cuales 50 continúan ingresados y 15 permanecen en estado crítico en la UCI. Este siniestro se produce apenas diez meses después del drama vivido en Adamuz (Córdoba). Las primeras indagaciones y los audios recuperados desvelan que el centro de control de Atocha (Madrid) dio luz verde al AVE para circular a “marcha normal” (hasta 200 km/h) en lugar de ordenar una velocidad reducida (máximo 40 km/h), pese a que el sistema reflejaba que el tren de Iryo se encontraba a solo 25 kilómetros por delante en la misma vía. Para atender a los afectados, las compañías han habilitado los teléfonos de emergencia 900 10 10 20 (Renfe) y 900 001 403 (Iryo).
Explicaciones urgentes e indignación política
Las reacciones en la esfera gubernamental ante la magnitud del impacto no se han hecho esperar debido a las alarmas informáticas que fueron ignoradas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado tajante ante los medios de comunicación al calificar la gestión del tráfico en los instantes previos como “inexplicable”, señalando directamente la decisión de Adif de ordenar la reanudación de la marcha de la unidad de Renfe “cuando el sistema arrojaba un aviso rojo por la presencia en la vía de un Iryo”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su firme repulsa y dolor ante este nuevo revés en la red de transportes del país: “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios en un mismo año”.
Exigencias en materia de seguridad
El operativo actual se centra en las complejas labores de identificación de los fallecidos y en dar soporte continuo a los familiares que se han trasladado hasta la provincia de Toledo. Sin embargo, la presión social y de los trabajadores del sector ferroviario aumenta por horas tras confirmarse que no se siguió adecuadamente el protocolo establecido para situaciones de incidencia en las vías de alta velocidad. Las autoridades judiciales ya han tomado las riendas del caso para determinar las responsabilidades penales de una de las jornadas más negras que se recuerdan en la historia ferroviaria reciente de España.
