Los vecinos exigen la publicación del proyecto definitivo y piden su paralización cautelar. El ayuntamiento entiende que no es necesario un nuevo procedimiento y mantiene la tramitación original
La solicitud de licencia para la creación de una actividad industrial (vertedero de residuos de escombros) junto a la carretera de Alcora sigue adelante, pese a la oposición vecinal. El ayuntamiento entiende que, una vez que la empresa ha retirado la parte de la 'valorización de residuos' no es necesaria una nueva tramitación administrativa. Los vecinos difieren, no les han respondido las alegaciones, y exigen una nueva publicación pública con el proyecto definitivo.
El Ayuntamiento de Castellón mantiene activo el expediente de solicitud de licencia para la construcción de 'almacén de residuos de la construcción y demolición' junto a la carretera de Alcora, una vez que la empresa aceptó retirar la 'planta de valorización' (trituradora de hormigón), que figuraba en el proyecto original.
El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, declaraba a Castellón Información, que el elemento fundamental que generaba el rechazo de los vecinos ya ha desaparecido de la solicitud, por lo que no sería necesario iniciar un nuevo procedimiento urbanístico.
Sin embargo, los vecinos de la zona no están de acuerdo con esta decisión. Afirman que cuando presentaron sus alegaciones no solo se centraron en la trituradora de hormigón, sino también en las otras 'molestias' que generarán: el tráfico de camiones, la descarga y acumulación de los escombros, que producirán partículas contaminantes. Y que la cercanía a los núcleos de población deteriorará la vida de las áreas residenciales situadas junto al Sector Cassanya donde se encuentran los terrenos de Tecnocar que adquirió la empresa Menguillo.
Además, recuerdan que se trata de un suelo calificado como 'terciario' residencial, que debería desarrollarse urbanísticamente para incrementar la construcción de viviendas y no la actividad industrial.
Inicio de la polémica: "almacén y valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD)"
La polémica en torno a este proyecto comenzó el pasado mes de mayo, cuando la mercantil solicitó una licencia ambiental favorable para la construcción de una Planta de Residuos Inertes junto a la zona residencial, en la Carretera de Alcora.
Los vecinos conocieron el tema cuando se sometió el proyecto a exposición pública.
La empresa, radicada en la avenida Villarreal de Castellón, pretendía aprovechar unos terrenos situados junto la carretera de Alcora, para construir un "almacén y valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD)" con una capacidad de producción de 850 toneladas/día.
La solicitud de la licencia en eta zona concreta del Sector de Cassanya aprovechaba la 'indefinición del suelo', que según el Plan General de Castellón, es de: 'Suelo Urbanizable Terciario Residencial No Ordenado'. Ese tipo de calificación deja abiertas muchas posibilidades, admite tanto la construcción de viviendas como la implantación de industrias de baja intensidad. E incluso, indicaba Toledo, hasta una gasolinera. Se trataría, según el responsable de urbanismo, de un caso similar a lo que ocurrió en el barrio de Rafalafena en el verano del 2023, cuando se solicitó licencia para una gasolinera.
Una licencia temporal para un suelo no desarrollado
Cuando solicitó la licencia, la mercantil se curaba en salud para solicitar un permiso 'temporal'. Una temporalidad que quedaría sujeta al desarrollo urbanístico de la zona. De la misma manera, califica de 'mínima' su afección al entorno por lo que señalaba que no era necesario realizar un estudio medioambiental de mayor calado. Y proponía medidas para la reducción del ruido y el polvo... con camiones nuevos y bien lavados...
Protesta vecinal y compromiso del Ayuntamiento
Sin embargo, la solicitud de esta licencia cayó como una bomba entre los vecinos de los barrios del sector oeste que presentaron más de 300 alegaciones y pidieron responsabilidad al Ayuntamiento. No solo estaban en contra de la trituradora, sino también del vertedero de escombros y del tránsito de los camiones.
Tras la protesta vecinal, la alcaldesa y sus concejales visitaron la zona y anunciaron la retirada de la planta de valorización (la trituradora de hormigón).
En declaraciones posteriores a los medios de comunicación afirmaron que no se permitiría la valoración de residuos... pero el resto del proyecto seguía adelante. Por otra parte, desde el gobierno municipal señalaron, que 'la indefinición' del suelo y su ficha técnica en el PGOU de 2021 permitiría a la empresa seguir adelante y el ayuntamiento no podía negar una licencia que se ajustaba a derecho.
Con todo, ya sea porque los representantes municipales no se explicaron bien, los vecinos mantuvieron sus alegaciones a la espera de que el Ayuntamiento respondiera a todas ellas y volviera a realizar una exposición pública de cómo queda el proyecto.
Urbanismo considera que la planta, sin la valorización, es compatible
Las cosas no son así. Según el concejal de Urbanismo, retirada la planta de valorización el resto de la actividad industrial sería compatible con la calificación de los terrenos. La empresa no tendría que volver a presentar nueva documentación o volver a tramitar su licencia.
Por otra parte, la propuesta, entiende el concejal, queda limitada a oficinas y una campa de camiones. Curiosamente, el concejal de Urbanismo no se refiere al vertedero de residuos de construcción, contra el que también se oponían los vecinos.
Toledo sostiene que la empresa ha modificado el proyecto dentro del procedimiento existente y que, por ese motivo, el Ayuntamiento no tramita un expediente nuevo ni plantea la denegación de la propuesta original como paso previo.
Los vecinos reclaman una nueva información pública
El hecho de que la mercantil haya iniciado la transformación del terreno para adecuarlo a la licencia solicitada, ha generado una enorme inquietud en la zona. ¿Se ha concedido nueva licencia? ¿qué es exactamente lo que se ha autorizado?
En un escrito fechado el 13 de septiembre, la asociación de vecinos solicita conocer la documentación modificada, abrir un nuevo periodo de información pública y denegar la licencia provisional para el estacionamiento de vehículos pesados.
La Asociación de Vecinos de Racó de Natora no se opone al uso de oficinas en las naves existentes, que consideran compatible con la calificación terciaria del sector Cassanya.
Sin embargo, cuestionan la implantación de una campa exterior para una flota de transporte pesado. A su juicio, ese uso tendría carácter industrial y resultaría incompatible con el régimen urbanístico del ámbito y con la proximidad de viviendas.
El escrito también contempla que un almacén de escombros sin trituradora no figura entre los usos que el concejal ha señalado en su respuesta, limitada a oficinas y campa.
Petición de acceso al proyecto y nueva información pública
La asociación afirma que, en la fecha del escrito, no había recibido una notificación formal ni había podido acceder al proyecto modificado a través de la sede electrónica municipal.
Reconocimiento como parte interesada
Por ese motivo, solicita su reconocimiento como parte interesada y el traslado de cualquier proyecto, anexo o modificación técnica de la actividad. También reclama la suspensión cautelar de la tramitación hasta disponer de esa documentación y abrir un nuevo periodo de información pública.
Preocupación por el tráfico pesado en el distrito oeste
El último escrito desplaza parte del debate hacia las consecuencias de la campa sobre la movilidad. La asociación advierte de que el tránsito de camiones podría agravar las retenciones de la avenida de Alcora y aumentar el ruido y los riesgos para los residentes y los entornos educativos. "Esto resulta de extrema gravedad si consideramos que la campa proyectada repercutirá de manera ineludible sobre todo el conjunto de barrios de la zona tales como el Grupo Reyes, el Grupo Carretera de Alcora, el Grupo San José Obrero, el barrio de Venta Nova, el barrio de Racó de Natora y su área de influencia, y todo el distrito del Raval Universitari, cuyos viales, seguridad vial, entornos de hogares y escolares se verán gravemente afectados al añadir el tráfico de vehículos de gran tonelaje como consecuencia directa de la explotación diaria de estas dos posibles actividades publicadas"
También expresa su preocupación por el posible paso de vehículos pesados por Cuadra Natora, donde señala que existe una limitación de 5,5 toneladas.
Denuncia de trabajos en la parcela
La asociación comunica asimismo que los vecinos han observado talas, desbroces y movimientos de tierras en la franja de la parcela próxima a la avenida de Alcora. Según su interpretación, esos trabajos servirían para habilitar un acceso de vehículos pesados.
El escrito incorpora fotografías y solicita una inspección de la Policía Local y los servicios técnicos municipales para comprobar las actuaciones y sus permisos. La documentación aportada no incluye un acta municipal que determine si los trabajos disponen de autorización.
Alegaciones por impacto ambiental
En sus alegaciones, los vecinos de Racó de la Natora denuncian un impacto ambiental negativo para la salud de las personas:
- "Contaminación atmosférica por gases y polvo: El movimiento constante de vehículos pesados es un foco emisor continuo de óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado fino (PM10 y PM2,5). El borrador del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) constata que el distrito Oeste ya presenta valores muy cercanos a los límites de la OMS en relación a la calidad del aire; añadir otro foco emisor es ambientalmente inaceptable (Ley 34/2007).
- Riesgo en entornos escolares sensibles: A menos de 200 metros se ubica el centro educativo infantil “Diminutos” (Avda. Alcora nº 328) y a 700 metros el centro “Grans i Menuts” (Cuadra de la Torta). El tránsito pesado por la Avda. Alcora, satura la vía, genera riesgos de atropello en rutas escolares, y expone a menores a emisiones respiratorias críticas, contradiciendo las políticas de protección escolar del Ayuntamiento.
- Impacto acústico: El ruido generado por motores diésel, frenos de aire, avisadores de marcha atrás, acoplamiento de góndolas, carga y descarga de escombros generan ruidos incompatibles con el derecho al descanso en las viviendas colindantes situadas a partir de 25 metros (Ley 7/2002 de la Comunitat Valenciana).
Por ello, esta Asociación solicita que, antes de resolver cualquier licencia, el Ayuntamiento exija un Estudio Acústico predictivo basado en flujos reales de camiones previsto, un Estudio de Dispersión de Contaminantes y el informe preceptivo de la Conselleria de Sanidad.
Para evaluar esas afecciones, solicitan estudios acústicos y de dispersión de partículas basados en los flujos previstos de camiones, además de informes de movilidad y de las administraciones competentes.
Finalmente advierten:
"Si el Ayuntamiento concede la licencia provisional en suelo Terciario omitiendo la información pública preceptiva e ignorando las directrices del PMUS (2025-2035), esta Asociación se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que en defensa del interés general proceda. Informamos de que cualquier perjuicio que el tráfico pesado cause sobre la salud vecinal, la seguridad de los menores, el deterioro de viales o la depreciación de las viviendas (situadas a partir de 25 metros) comprometerá directamente la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (Ley 40/2015)".
