La convocatoria parte con 250.000 euros, ampliables hasta 750.000, y permite solicitar hasta 500 euros para asesoramiento jurídico y otros 1.500 para reparar desperfectos en viviendas
La Generalitat Valenciana ha convocado una nueva línea de ayudas para propietarios y usufructuarios de viviendas afectadas por una ocupación ilegal, con subvenciones de hasta 2.000 euros por beneficiario para afrontar determinados gastos jurídicos y reparar daños en los inmuebles. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre.
La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), dispone inicialmente de 250.000 euros, una cantidad que podrá incrementarse en hasta 750.000 euros adicionales.
Las ayudas establecen un máximo de 500 euros para sufragar el asesoramiento jurídico profesional relacionado con el desalojo o la recuperación de la posesión de la vivienda y hasta 1.500 euros para reparar daños ocasionados en el inmueble.
Quién puede solicitar las ayudas
La convocatoria está dirigida a personas propietarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal.
Además, las personas solicitantes deberán acreditar vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana con una antigüedad mínima de un año en el momento de presentar la petición.
La existencia de la ocupación deberá justificarse mediante la correspondiente denuncia o demanda, según establece la información difundida por la Generalitat.
También será necesario aportar el título que acredite la propiedad o el derecho de usufructo sobre el inmueble y documentación que justifique el coste de los servicios profesionales para los que se solicita la subvención.
Hasta 500 euros para asesoramiento y 1.500 para reparaciones
La línea diferencia dos tipos principales de gastos subvencionables.
Por un lado, se podrán recibir hasta 500 euros para cubrir los costes de asesoramiento jurídico profesional necesario para el desalojo o la recuperación de la posesión.
Por otro, la Generalitat establece un máximo de 1.500 euros por beneficiario para reparaciones de daños ocasionados en las viviendas afectadas.
De este modo, una persona que cumpla los requisitos y pueda justificar gastos en ambos conceptos podría acceder a un máximo conjunto de 2.000 euros, sujeto a las condiciones establecidas en la convocatoria.
Solicitudes abiertas hasta el 10 de septiembre
El plazo para acogerse a estas ayudas finalizará el próximo 10 de septiembre.
La Generalitat establece preferentemente la tramitación electrónica de las solicitudes a través de su sede electrónica, donde está disponible el formulario correspondiente y las condiciones completas de la convocatoria.
Entre la documentación requerida figuran la acreditación de la titularidad o usufructo, la denuncia o demanda que permita justificar la ocupación y los documentos correspondientes a los gastos que se pretenden subvencionar.
Una convocatoria inicial de 250.000 euros
Uno de los aspectos que requiere diferenciar la convocatoria publicada de las previsiones presupuestarias anunciadas por el Consell es su dotación económica efectiva.
La convocatoria parte de 250.000 euros y contempla la posibilidad de aumentar esa cantidad en hasta 750.000 euros adicionales. Por tanto, podría alcanzar un millón de euros si se materializa íntegramente la ampliación prevista.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha enmarcado estas subvenciones dentro de la política del Consell contra la ocupación ilegal y ha defendido que buscan ofrecer apoyo económico y jurídico a los propietarios afectados.
Camarero también ha contrapuesto la política autonómica a la legislación estatal de vivienda. Se trata de una valoración política de la vicepresidenta, no de un elemento que determine los requisitos o cuantías de la convocatoria.
Dos millones presupuestados entre distintas líneas
La Generalitat sitúa estas ayudas dentro de un paquete más amplio relacionado con la seguridad jurídica de los propietarios.
Según los datos facilitados por el Consell, los presupuestos de 2026 prevén elevar hasta un millón de euros los recursos para asesoramiento jurídico, recuperación de viviendas y reparación de daños.
Paralelamente, la línea destinada al fomento del alquiler y la cobertura de impagos de arrendamientos también alcanzaría el millón de euros. Son, por tanto, dos programas diferentes, cuya dotación conjunta asciende a dos millones de euros.
El Consell también ha puesto en funcionamiento una Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, concebida para proporcionar información y asesoramiento gratuito a personas afectadas en la Comunitat Valenciana.
