La Guardia Civil ha esclarecido la venta fraudulenta de dos viviendas mediante documentación notarial falsificada y la identidad de un tercero
La Guardia Civil ha investigado a cuatro hombres de entre 52 y 67 años por su presunta implicación en una estafa inmobiliaria en Onda relacionada con la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 407.000 euros. Los investigados están acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental.
La investigación comenzó tras la denuncia de la persona perjudicada, que aseguró haber sido víctima de un engaño durante la adquisición de los dos inmuebles. Las pesquisas permitieron descubrir un entramado que utilizaba documentación notarial falsificada y la identidad de una tercera persona para aparentar la legalidad de las operaciones.
Documentación falsa para cerrar las operaciones
Según las investigaciones, los presuntos autores obtenían poderes notariales mediante documentación manipulada para poder actuar en nombre de otras personas. Una vez formalizadas las operaciones de compraventa, el dinero obtenido por la venta de las viviendas pasaba por diferentes sociedades mercantiles.
Los investigados utilizaban además facturas falsas para dificultar el rastreo de los fondos y otorgar una apariencia legal al dinero obtenido.
La actuación de la Guardia Civil permitió bloquear 161.619,37 euros y recuperar otros 40.000 euros, que fueron devueltos al perjudicado. En total, se han recuperado 201.619,37 euros del dinero relacionado con la estafa.
Las diligencias policiales han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, que continuará con las actuaciones correspondientes.
La Guardia Civil pide extremar las precauciones
Ante este tipo de operaciones, la Guardia Civil recomienda comprobar la identidad de todas las personas que intervienen en una compraventa y verificar la autenticidad de la documentación antes de formalizar cualquier operación inmobiliaria.
También aconseja recurrir a profesionales de confianza y comunicar cuanto antes cualquier irregularidad que pueda detectarse durante el proceso de adquisición de una vivienda.
