Los populares presentan una declaración institucional para defender la separación de poderes y reclamar al Gobierno respeto a la Justicia
El Grupo Municipal Popular de Castellón llevará al próximo pleno una Declaración Institucional en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, con la que reclama al Gobierno de España que garantice el normal funcionamiento de las instituciones y respete la autonomía de jueces y tribunales.
La iniciativa también solicita al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales, al considerar que existe una situación de bloqueo político, marcada por la falta de estabilidad parlamentaria y la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha defendido que ningún Ejecutivo puede situarse por encima de la ley ni cuestionar las decisiones judiciales cuando no responden a sus intereses. En este sentido, ha asegurado que el cumplimiento de las reglas democráticas no admite excepciones y ha sostenido que España necesita instituciones sólidas, imparciales y al servicio de los ciudadanos.
Los populares sostienen que la declaración responde a los enfrentamientos protagonizados, a su juicio, por miembros del Gobierno con jueces y tribunales, así como a las descalificaciones dirigidas contra quienes investigan posibles irregularidades. Según el grupo municipal, estas actuaciones dañan la confianza ciudadana en la Justicia y buscan desacreditar el trabajo de los órganos judiciales.
Asimismo, el PP defiende que cualquier procedimiento judicial debe afrontarse desde la colaboración con la Justicia, el respeto a las resoluciones y la ausencia de presiones sobre quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley.
Toledo ha insistido en que quienes gobiernan tienen la obligación de preservar la neutralidad de las instituciones públicas y facilitar la labor de los tribunales. Además, ha considerado que desacreditar al Poder Judicial para eludir responsabilidades supone traspasar un límite incompatible con una democracia.
Entre los acuerdos incluidos en la propuesta, la declaración insta al Gobierno a cesar las descalificaciones contra el Poder Judicial, evitar cualquier práctica que interfiera en el funcionamiento institucional y asumir la alternancia política como un elemento propio de un sistema democrático. Según ha concluido Toledo, la defensa del Estado de Derecho debe situarse por encima de cualquier interés partidista, con el objetivo de recuperar la normalidad política y reforzar unas instituciones que actúen con rigor, transparencia y pleno respeto a la ley.
