La Subdelegación del Gobierno reúne semestralmente a administraciones, fuerzas de seguridad y servicios especializados para el seguimiento de las víctimas en 84 municipios, con el objetivo de ampliar la coordinación a 120 localidades
La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón realiza el seguimiento y la coordinación de 2.421 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género incluidos en el sistema VioGén, el programa del Ministerio del Interior destinado a la protección y evaluación del riesgo de las víctimas.
La unidad coordina la actuación de las distintas administraciones y recursos especializados, además de impulsar la colaboración entre las fuerzas de seguridad, los servicios sociales, el ámbito sanitario y los organismos judiciales para mejorar la atención y protección de las víctimas.
572 casos activos en Castelló de la Plana
La Subdelegación ha acogido recientemente una Comisión Técnica de Violencia de Género centrada en el seguimiento de los 572 casos activos registrados en Castelló de la Plana.
En el municipio, la Policía Local realiza el seguimiento de 273 víctimas, mientras que la Policía Nacional se encarga de otras 299. En la reunión participaron también representantes de los servicios sociales municipales, el Servicio de Igualdad de Oportunidades, el Centro Mujer 24 Horas, recursos residenciales, la Generalitat, Salud Pública, el Hospital General de Castellón y la Oficina de Atención a las Víctimas.
Coordinación en la mayor parte de la provincia
La Subdelegación convoca de forma semestral Comisiones Técnicas y Mesas Psicosociales de Violencia de Género con la participación de 26 ayuntamientos y siete mancomunidades, que agrupan 84 municipios.
Además, está previsto incorporar en los próximos meses las mancomunidades del Pla de l'Arc, Alto Palancia y Castelló Nord, lo que permitirá ampliar estos encuentros de coordinación hasta 120 municipios de la provincia.
Seguimiento individualizado de las víctimas
Estos órganos de coordinación analizan la situación de las víctimas con mayor vulnerabilidad, revisan las medidas judiciales y policiales adoptadas y evalúan los recursos sociales, sanitarios y asistenciales disponibles, con el objetivo de mejorar la protección y favorecer la recuperación integral de las mujeres afectadas.
Asimismo, sirven para informar a los profesionales sobre novedades legislativas, nuevos recursos y medidas financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
