Las comunidades litorales reclaman abrir un proceso de diálogo con el Ministerio y anuncian acciones judiciales si la nueva normativa se aprueba antes del 31 de julio
La Generalitat Valenciana y otras siete comunidades autónomas con litoral han acordado solicitar al Gobierno de España la paralización inmediata de la reforma del Reglamento General de Costas y del Reglamento de Compatibilidad de las Estrategias Marinas, al considerar que ambos procesos se están tramitando sin el consenso institucional necesario.
La petición se ha formalizado tras una reunión de trabajo celebrada en Barcelona en la que participaron representantes de la Comunitat Valenciana, Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Illes Balears y Canarias. Los gobiernos autonómicos coinciden en reclamar la suspensión de la tramitación hasta que se abra una negociación con las administraciones afectadas.
Solicitud de una Conferencia Sectorial de Costas
Las autonomías han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Costas, presidida por la ministra competente, para abordar el contenido de las reformas y las discrepancias existentes.
Además, plantean la celebración previa de una reunión técnica entre directores generales responsables de la gestión del litoral con el objetivo de analizar los aspectos más controvertidos de los textos normativos y avanzar hacia una propuesta consensuada.
Según trasladaron los representantes autonómicos durante el encuentro, la reforma afecta a competencias territoriales, actividades económicas vinculadas al litoral y a la propia gestión de la costa.
Posible recurso ante los tribunales
Uno de los acuerdos más relevantes alcanzados en la reunión pasa por la vía judicial. Ante la previsión de que el Ministerio apruebe el nuevo Reglamento General de Costas antes del próximo 31 de julio, las comunidades han anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la norma.
Asimismo, prevén solicitar medidas cautelares para suspender su entrada en vigor mientras se resuelve el procedimiento judicial.
El acuerdo reúne a gobiernos autonómicos de distinto signo político, un hecho que, según los participantes, refleja la existencia de un amplio consenso territorial respecto a la necesidad de revisar el contenido de la reforma.
Debate sobre la gestión y financiación del litoral
Durante la reunión también se abordó la necesidad de revisar el actual modelo de gestión del litoral con el objetivo de simplificar procedimientos administrativos relacionados con autorizaciones temporales para actividades y servicios de temporada.
Las comunidades coincidieron igualmente en la conveniencia de reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones y abrir un debate sobre la financiación de la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
Entre las propuestas planteadas figura que el canon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre revierta en las comunidades autónomas para incrementar los recursos destinados a la conservación, protección y gestión de la costa.
