La investigación ha permitido esclarecer la adquisición irregular de 52 terminales utilizando datos de empresas sin autorización
La Guardia Civil de Castellón ha identificado a los presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la contratación fraudulenta de teléfonos móviles de alta gama mediante el uso no autorizado de datos fiscales y mercantiles de empresas.
La investigación, desarrollada por el Equipo@, unidad especializada en delitos tecnológicos, ha permitido esclarecer la contratación irregular de 52 terminales móviles valorados en aproximadamente 80.000 euros.
Las pesquisas se iniciaron tras detectarse anomalías en una empresa subcontratada vinculada a una operadora de telefonía móvil. Según la investigación, uno de los trabajadores habría aprovechado el acceso autorizado a los sistemas de gestión para realizar numerosas contrataciones irregulares y acceder a documentación e información de clientes.
Posteriormente, los teléfonos eran enviados a los domicilios de otras dos personas presuntamente implicadas en la trama, quienes se encargaban de recepcionar los dispositivos.
Utilizaban datos de empresas para contratar terminales
De acuerdo con la investigación, el grupo utilizaba datos fiscales, mercantiles y contractuales de empresas clientes para formalizar la adquisición de teléfonos móviles de alta gama sin conocimiento ni autorización de sus representantes.
Una vez obtenidos los terminales, estos eran introducidos nuevamente en el mercado a través de establecimientos de compraventa, lo que permitía obtener beneficios económicos de forma ilícita.
Los agentes han logrado determinar las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros del grupo y acreditar la contratación fraudulenta de los 52 dispositivos.
Investigación coordinada con un juzgado de León
La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Castellón en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 1 de León.
Las tres personas implicadas han sido investigadas por su presunta participación en los hechos, que continúan bajo la supervisión judicial correspondiente.
