Los populares denuncian que la recaudación ha aumentado un 57% desde 2022 mientras las transferencias permanecen congeladas
El Partido Popular de Castellón ha anunciado la creación de un frente común institucional para reclamar al Gobierno de España las transferencias que, según denuncian, se adeudan a los ayuntamientos de la provincia desde 2023 y que están provocando una situación de “asfixia financiera”.
La iniciativa ha sido presentada por el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien, junto a otros cargos provinciales, ha analizado lo que consideran un recorte en las entregas a cuenta de los tributos del Estado. Según ha señalado, “pagamos más impuestos que nunca y los ayuntamientos tienen menos dinero”. Y es que la recaudación ha aumentado un 57% desde 2022 en la provincia de Castellón mientras las transferencias permanecen congeladas.
De acuerdo con los datos aportados por el partido, entre enero y abril de este año las administraciones locales han dejado de percibir 20,7 millones de euros que “deberían destinarse a servicios y a mejorar la vida de la ciudadanía”. Una cifra que eleva el acumulado desde 2023 a los 250 millones de euros (entre ayuntamientos y Diputación provincial) y que en el caso de la Generalitat Valenciana se ‘dispara’ hasta los 40.000 millones de euros.
Ante esta situación, los ayuntamientos gobernados por el PP presentarán mociones en sus respectivos plenos para reclamar “cada euro que nos corresponde”. Además, se prevé el envío de cartas institucionales y la búsqueda de consensos con el resto de fuerzas políticas para elevar esta reivindicación.
“Exigimos lo que es nuestro”, ha afirmado Aguilella, quien ha criticado la actitud de los alcaldes socialistas a los que acusa de “negar la evidencia en lugar de reclamar” el dinero “retenido en la caja de Pedro Sánchez”. En este sentido, el PPCS sostiene que esta infrafinanciación se traduce en “menos inversiones, menos servicios y más dificultades” para unas administraciones locales que deben asumir un doble esfuerzo.
De Vila-real a Bejís
En Vila-real, la deuda acumulada desde 2023 asciende a 12,3 millones de euros. El portavoz del PP en el consistorio, Adrián Casabó, ha criticado al alcalde, José Benlloch, por “callar para asegurarse un futuro en las listas” y le ha instado a “actuar como alcalde y no como representante de Sánchez”.
En La Vall d’Uixó, cifran en 8 millones de euros la cantidad no ingresada desde 2023, con 200.000 euros correspondientes solo al mes de abril, y califican la situación de “asfixia fiscal y económica”. Asimismo, también han reprochado la inacción de la alcaldesa, Tánia Baños.
Y el mismo panorama se vive en l’Alcora, donde el montante pendiente entre enero y abril de 2026 se sitúa en 155.000 euros, mientras que en Cabanes supera los 600.000 euros desde 2023. En el caso de Altura, la cifra roza los 800.000 euros, y en Vilafamés alcanza los 330.000 euros. La concejala y diputada Marisa Torlá ha defendido el papel de la Diputación en apoyo a los municipios más pequeños.
Otros municipios también reflejan, según el PPCS, el impacto de esta situación: en Sant Mateu cifran en 28.000 euros la cantidad pendiente en 2026; en Bejís, en 75.000 euros acumulados; y en Teresa, en 65.000 euros desde 2023.
Con todo, el PPCS busca ‘articular’ una respuesta conjunta de la provincia de Castellón para exigir al Gobierno central la actualización de las entregas a cuenta y revertir una situación que, aseguran, compromete la capacidad de los ayuntamientos para prestar servicios básicos.
