La organización agraria pide al Gobierno un límite de 239.000 toneladas en fresco y 499.000 para industria, con un arancel del 15% si se superan
LA UNIÓ Llauradora ha reclamado al Gobierno de España que defienda en Bruselas medidas de protección específicas para el sector citrícola si finalmente se aprueba el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que su aplicación sin salvaguardas supondría un grave perjuicio para la citricultura europea y valenciana.
La organización plantea la fijación de un contingente anual de 239.000 toneladas de cítricos en fresco, equivalente a las importaciones medias actuales de los países del Mercosur, así como otro de 499.000 toneladas destinadas a la industria, junto con la aplicación de un arancel corrector del 15% cuando se rebasen esos volúmenes.
Según LA UNIÓ, esta reclamación resulta imprescindible debido a que los cítricos no cuentan con ningún contingente específico en el acuerdo UE-Mercosur, pese a estar reconocidos como un producto sensible y estratégico para numerosas regiones productoras europeas. A su juicio, esta ausencia supone una incoherencia interna del propio acuerdo y agrava el riesgo de desequilibrios en el mercado comunitario.
La organización advierte además del impacto acumulativo de otros acuerdos comerciales ya en vigor. Las importaciones medias de cítricos en fresco procedentes de Mercosur rondan las 239.000 toneladas anuales, a las que se suman las llegadas desde Sudáfrica, con una media de 794.500 toneladas entre 2020 y 2024 y cerca de 954.500 toneladas entre enero y octubre de 2025. LA UNIÓ sostiene que estos volúmenes generan perturbaciones graves cuando coinciden con el inicio de la campaña europea, entre septiembre y noviembre.
En el ámbito de los cítricos transformados, la organización alerta de una situación aún más desfavorable. Brasil domina el mercado europeo del zumo, con importaciones cercanas a las 900.000 toneladas anuales, lo que amenaza la función reguladora de la industria transformadora europea, que absorbe alrededor del 20% de la producción citrícola y resulta clave para sostener precios y empleo en las zonas productoras.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, considera que el acuerdo convierte al sector citrícola en una moneda de cambio y defiende que el Gobierno debe oponerse a su aprobación y rechazar cualquier aplicación provisional mientras esté pendiente el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE. A su juicio, la necesidad de plantear medidas correctoras de gran calado evidencia que el problema del acuerdo no es técnico, sino estructural, y que no garantiza una agricultura viable, equilibrada y socialmente sostenible.
