En los últimos días, dos trágicos accidentes ferroviarios han costado 44 vidas y cientos de heridos, particularmente el ocurrido el día 18 en Adamuz (Córdoba) que marcó el triste récord de ser el primer accidente ferroviario que implica a dos trenes de alta velocidad, el Iryo, cuyos tres últimos vagones descarriaron chocando con los primeros del Alvia que avanzaba a mas de 200 kms por hora en la dirección opuesta. El número de víctimas es por desgracia provisional puesto que aun quedan por inspeccionar dos vagones.
Aparte, por supuesto, del alto y doloroso número de víctimas y heridos, el primer hecho que llama la atención es el dato que se ha repetido estos días hasta la saciedad: España es el segundo país del mundo, solo después de China, con mayor tendido de vías para alta velocidad. Es decir, que poseemos hasta 4.000 kilómetros por los que se puede circular a entre 200 y 350 kilómetros por hora.
Este dato puede llenarnos de orgullo al probar el alto nivel de este sector de nuestras infraestructuras. Pero al mismo tiempo nos puede hacer dudar de que si nuestro nivel económico se sitúa en décimo segundo nivel y bajando, nos empeñamos en desplazarnos más deprisa que nadie poniendo el énfasis en la rapidez antes que en la seguridad.
Por añadidura, la velocidad queda frenada por los enormes retrasos que nuestros ferrocarriles están sufriendo en los últimos tiempos hasta el punto que las indemnizaciones que antes se abonaban desde los 30 minutos de retraso, ahora se han prorrogado hasta los 60 o 90 minutos. Mi propia experiencia dice que en los últimos años nunca he conseguido viajar entre Castellón y Madrid sin sufrir un retraso de entre una y tres horas.
Creo que todos preferiríamos menos rapidez pero mayor seguridad y puntualidad.
Mientras que el accidente de Barcelona fue clara consecuencia de las fuertes lluvias que ocurrieron en Cataluña, causantes del derribo de un muro sobre las vías en que colisionó el tren costando la vida del joven maquinista en prácticas (27 años) y 41 heridos, algunos de ellos graves.
El drama de Adamuz fue de tal envergadura que ni siquiera dio tiempo a reflexionar antes de reaccionar. El muy controvertido Ministro de Transportes bajó las alas, pidió tregua y viendo la que le podía caer encima, insistió en pedir algo que nunca hubiera aplicado en caso de ser responsabilidad del partido contrario: armonizar posiciones, dejar aparte las polémicas partidistas y ocuparse en primer lugar de las víctimas, los heridos y sus familiares.
Oscar Puente se precipitó también a excluir razones que podrían enfrentarle a responsabilidades: no hubo exceso de velocidad, no hubo error humano ni tampoco fallo técnico. De forma que parecía conformarse con la idea de que el accidente era obra del destino y que viajar siempre conlleva algún margen de riesgo que debemos asumir. Pero no es así; la administración y el gobierno deben esforzarse para conseguir que el tren se convierta en lo que siempre fue: el medio de transporte más cómodo, placentero y en el fondo más rápido para trayectos de media distancia.
La duda en este momento respecto al accidente de Adamuz se centra en aclarar si el defecto estaba en las vías o en los vagones. En cualquiera de ambos casos se trata de defectos en la infraestructura lo que resulta llamativo teniendo en cuenta el aumento de gasto en mantenimiento (700 millones de euros) que evidentemente no se usó correctamente.
La responsabilidad de estos accidentes y del defectuoso funcionamiento del ferrocarril recae en las compañías ferroviarias públicas, en el gobierno y en último caso en Oscar Puente quien calificó esta tragedia como un incidente. Cuando una persona se cae de la bicicleta y se rompe una pierna estamos ante un incincidente. Pero cuando colisionan dos trenes y provocan 43 muertos y más de 150 heridos, algunos muy graves, estamos ante una tragedia.
