El Consell y los agentes sociales cierran filas ante el bloqueo del Fondo de Liquidez Autonómico y alertan de su impacto en pagos a proveedores, mientras impulsan un gran Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad para transformar el modelo económico y social
La Generalitat Valenciana y los principales agentes sociales de la Comunitat —la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), UGT-PV y CCOO-PV— han mostrado una postura unánime para exigir al Gobierno central la aprobación urgente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que por primera vez en doce años no ha sido activado, provocando un retraso en los pagos a proveedores, como los 30 días en las facturas de farmacia.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha calificado de “incomprensible” el bloqueo del FLA, del que este año corresponden 2.500 millones a la Comunitat Valenciana —1.900 millones previstos para julio—, y ha exigido que se autorice en la próxima Comisión Delegada de Asuntos Económicos. “Estamos ante una cuestión de voluntad política”, ha afirmado. Merino ha lamentado que la Generalitat dependa de un mecanismo “temporal convertido en permanente” por la falta de una reforma del sistema de financiación autonómica, que sigue sin abordarse tras siete años de gobierno de Pedro Sánchez.
Además del FLA, la consellera ha denunciado que la Generalitat ha dejado de recibir 900 millones de euros este año por el retraso en las entregas a cuenta, lo que agrava la situación de tesorería y afecta a sectores clave como la sanidad (que acumula el 83 % de la deuda comercial), los servicios sociales y la educación.
Durante la Mesa de Diálogo Social celebrada en el Palau de la Generalitat, presidida por el presidente Carlos Mazón y con participación de representantes institucionales y sociales, se abordó también el elevado endeudamiento de la Comunitat Valenciana, que alcanza los 60.332 millones de euros. Según cálculos del Ivie, el 80 % de esta deuda se deriva directamente de la infrafinanciación estructural.
En este contexto, los agentes sociales han propuesto la creación del Pacto Valenciano por la Prosperidad, la Inclusión y la Sostenibilidad, concebido como una hoja de ruta común para transformar el modelo de desarrollo valenciano. Este pacto, que aspira a consolidar un nuevo marco económico, social y territorial, se sustenta en principios como el diálogo social, la justicia social y territorial, la sostenibilidad y una visión estratégica de largo plazo.
Entre sus cinco ejes fundamentales, destacan:
- Reindustrialización sostenible y equilibrio territorial, impulsando sectores clave como la cerámica o la automoción, mejorando infraestructuras y promoviendo un Pacto Nacional por el Agua.
- Conocimiento, talento e innovación, fortaleciendo el vínculo entre universidades, institutos tecnológicos y empresas.
- Transformación digital inclusiva, apostando por la conectividad, la modernización de la administración y la formación digital.
- Trabajo de calidad y nuevas competencias, promoviendo la estabilidad laboral, la FP Dual y políticas de igualdad.
- Cohesión social y servicios públicos de calidad, con inversiones estables en sanidad, educación y vivienda, así como estrategias contra la despoblación.
El pacto también plantea una estructura de gobernanza compartida, con una Mesa de Dirección Estratégica entre Generalitat y agentes sociales, y mesas temáticas comarcales y locales. Además, se propone usar el pacto como marco estratégico para canalizar fondos europeos y atraer inversión privada.
Finalmente, los agentes sociales han reiterado su compromiso con el consenso político para afrontar reformas estructurales clave, y han exigido una reforma inaplazable del sistema de financiación autonómica, con la aprobación de un nuevo modelo justo, la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación y un fondo transitorio de nivelación.
“El bloqueo del FLA y el retraso de las entregas a cuenta generan una incertidumbre innecesaria para empresas y trabajadores”, ha zanjado Merino, subrayando que la Generalitat sigue comprometida con la estabilidad, el diálogo y la reivindicación de una financiación justa para garantizar los servicios públicos esenciales en la Comunitat Valenciana.
