Miguel Barrachina. Economista y vicepresidente del área económica de la Diputación de Castellón.
El 91,3% de los alumnos de infantil y primaria de los centros públicos de Castellón estudia en valenciano como lengua vehicular. Esto ocurre en una provincia en la cual esta es la lengua materna del 47% de los ciudadanos, frente a un 42% castellano, el resto disfruta de ambas en el hogar.
Hasta mi comarca, el Alto Palancia, formada por parte de los 54 municipios –un 40% del total- de nuestra provincia de habla exclusiva castellana- vino el pasado año a vivir una familia de trabajadores de Albocasser que no pudo matricular a sus dos hijos en castellano más que a 100 kilómetros de su lugar de trabajo, y por tanto recorren doscientos, de ida y vuelta, para trabajar y ejercer su opción lingüística.
Salvo circunstancias singulares como la comentada, y que la nueva ley de educación del ministro Wert, se están resolviendo, en la provincia de Castellón felizmente no existe gran controversia lingüística.
Por eso resulta llamativo que, a pesar del crecimiento de la enseñanza en valenciano, que en tres años ha aumentado en más de 3.000 niños, mientras la de castellano ha disminuido en 1.500, se haya organizado una injusta campaña por contra la Consellería de Educación.
Es evidente que la polémica organizada por partidos y sindicatos apellidados “País Valencià” no tiene como motivo la defensa de la lengua valenciana, estudiada como asignatura por el 100% de los niños de Castellón y usada como lengua base en infantil y primaria por 39.315 niños frente a 3.766 en castellano.
No, no es la lengua –cuya defensa es siempre legítima-, es la política lo que motiva esta algarada de la izquierda. Sólo así se puede explicar que, cuando para el próximo curso se crean 45 aulas y se suprimen 34 -32 en valenciano y 2 en castellano- el PSOE haya presentado una propuesta en la Diputación en la que pide a la Generalit que “aposte pels anomenats programes d´inmersió i d´enseyament en valencià”.
Afortunadamente la mayoría de los castellonenses no creemos en inmersiones sino en la libertad de elección, mi partido se ha opuesto en Cataluña y también aquí a sumergir lingüísticamente a los niños, salvo que los padres lo demanden. La decisión debe ser de la familia y no de los nacionalistas a quienes un 8´7% de educación en castellano les parece de un pluralismo insoportable.
Acierta Alberto Fabra cuando defiende la libertad para estudiar en ambas lenguas, la pretensión del tripartito de erradicar una de ellas en nuestra provincia tendrá que esperar, pues no depende de ellos, sino de los padres.
