<p style="text-
align: justify;">La cuarta sesión del juicio oral del llamado ‘Caso Fabra’, ha dado paso a la declaración de 15 nuevos testigos, cinco de ellos por videoconferencia. Significativa la declaración de la ex directora de Salud Pública, Dolores Flores, quien ha reconocido que Miguel Prim le preguntó por la legalización de los productos de Naranjax. O la de la ex directora de Salud Ambiental de la Generalitat Pilar Mañez, que admitió que mantuvo una reunión con Carlos Fabra y Vicente Vilar por el tema Naranjax. El entonces presidente de la Diputación solo se reunió una vez con ella. Durante la sesión el juez pidió que se hablara en castellano en consideración al fiscal, que es de Madrid.
La declaración de nuevos testigos en el denominado ‘Caso Fabra’, ha puesto de manifiesto que hubo reuniones, aunque parece que no muchas y en cualquier caso de forma aislada para preguntar por los permisos de los productos fitosanitarios que producía Naranjax, o al menos, para interesarse por el proceso de legalización en que se encontraban estos productos.
Fue el caso de la declaración de la ex directora de Salud Pública, Dolores Flores, quien admitió que el entonces senador por el Partido Popular en Castellón, Miguel Prim, le preguntó por carta si era posible agilizar los permisos en el caso de los productos de Naranjax.
Dolores Flores indicó en el juicio que "de eso hace mucho tiempo" y quizá no lo recordara todo, pero que le indicó a Miguel Prim, que el proceso estaba perfectamente regulado, con protocolos estrictos y con fecha de registro.
Otro momento del juicio especialmente interesante fue con la declaración de Pilar Mañez, ex directora de Salud Ambiental de la Generalitat. Pilar Mañez, que en su día fue imputada, y luego des imputada por el juez, declaró en calidad de testigo. Admitió que mantuvo una reunión con Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación, que estaba acompañado por el empresario Vicente Vilar. Ambos se reunieron una vez para hablar del caso Naranjax. La ex directora de Salud Ambiental reconoció también, que solo se reunió una vez con Carlos Fabra, y que el ex presidente solo se interesó por el tema Naranjax.
El valenciano, también a debate
Durante el juicio, el abogado de la Acusación Popular, Unión de Consumidores, inició la interrogación de uno de los testigos en valenciano. El presidente del tribunal, indicó entonces al abogado de la UCE, que había partes que no entendían esta lengua, como es el caso del fiscal del caso, que trabaja en Madrid, y le pidió, que si fuera posible, continuara el interrogatorio en castellano.
No hubo protestas. De hecho, el abogado de la UCE continuó en castellano sin hacer constar ninguna protesta y sin medir la mediación de un traductor. Sin embargo, este tema ha dado lugar a comentarios sobre el uno del valenciano. El Tribunal Superior de Justicia remitía un comunicado en el que justificaba la acción el presidente del Tribunal, y certificaba que el magistrado no ha prohibido en ningún momento el uso del valenciano.
El juicio continuará la semana que viene. Hasta el momento se ha investigado si realmente hubo mediación para la legalización de los productos de Naranjax. En este tema, el primer chasco fue la declaración de Vicente Vilar, que negó todo lo dicho anteriormente, e indicó que acusó a Carlos Fabra por venganza. Pero quedará por aclarar otro de los delitos de los que se acusa a Carlos Fabra y a Mª Amparo Fernández, por presunto fraude fiscal que ambos presuntamente habrían cometido entre 1999 y 2004
Documentación:
¿Cómo, cuándo y por qué surge el caso Fabra?
En la primavera del 2003, Montserrat Vives, segunda ex esposa del empresario Vicente Vilar, intenta separarse de su marido. Tienen 3 hijos, y una compleja trama de empresas dedicadas a la producción y venta de productos fitosanitarios. Montserrat Vives aparece al frente de las mismas, pero quien realmente maneja la trama es Vicente Vilar.
El matrimonio tenía buena relación con Carlos Fabra y su ex mujer, Amparo Fernández. De hecho, ambas se conocen y deciden montar una empresa: Artemis 2.000, con participación al 50%. Vicente Vilar era el administrador general. El objetivo original es la comercialización de los productos fitosanitarios producidos por Naranjax. De hecho el Ministerio concedería los permisos para la comercialización a Artemis 2000.
Por su parte, Carlos Fabra era titular de la empresa Camarcas, que facturaba a Vicente Vilar por cuestiones de ‘asesoramiento’.
Pelea matrimonial y judicial del matrimonio Vilar
Aunque la separación del matrimonio Vilar, inicialmente es amistosa, según la documentación facilitada en su día por fuentes cercanas a Montserrat Vives, presuntamente Vilar amenaza y presiona a Vives para que le ‘ceda’ y ‘venda’ todas las empresas que ambos manejaban juntos, pero donde ella estaba titularmente al frente. Montserrat Vives denunciaría la situación.
Agresión sexual y ruptura de relaciones con el matrimonio Fabra
El tema estalla cuando Vicente Vilar se presenta en casa de su ex mujer (que ya vivía separada de Vilar), y según probaría y condenaría después el tribunal, agredió física y sexualmente a Montserrat Vives, además de secuestrarla y llevarla al antiguo domicilio de ambos. Cuando Montserrat Vives consigue salir, telefonea a Carlos Fabra y es auxiliada por el matrimonio Fabra, que también la respalda cuando Montserrat Vives denuncia a su ex marido Vicente Vilar.
Amenazas. Venganza y razones económicas
A partir de este momento, Montserrat Vives intercambia denuncias con Vicente Vilar. Ambos quieren el control de las empresas y la comercialización de los productos. Artemis 2000 tiene los permisos (concedidos por el Ministerio en octubre del 2003 para 10 y para 37 productos), y puede negociar con otras empresas productoras de fitosanitarios, como así deciden hacer sus legalmente propietarias, Montserrat Vives y Mª Amparo Fernández, desvinculando de la empresa a Vicente Vilar.
Mª Amparo Fernández acaba por renunciar a su parte de Artemis 2000, y deja al frente y como única titular a Montserrat Vives.
El cruce de denuncias entre Vicente Vilar y Montserrat Vives es continuo. Como también lo son, según afirmó en su día Carlos Fabra, las llamadas, mensajes y amenazas de Vicente Vilar, para que el presidente de la Diputación intervenga a su favor.
Estalla el ‘Caso Fabra’: Querellas de Vicente Vilar:
Finalmente, el 17 de diciembre de 2003 estalla la noticia. Vicente Vilar interpone dos querellas.
Querella 1.- Contra Carlos Fabra y Montserrat Vives por: estafa y/o apropiación indebida. Falsedad en documento mercantil de Mercantil Comercial de Industrias Químicas Arcavi SL y mercantil Naranjax
Querella 2.- Contra: Montserrat Vives Plaja, Ramiro Beltrán Tomás, Francisco Mur, Arturo Manuel Grave, Antonio Requena como administradores de mercantil Agro Artes Fertilizantes. Por Delito contra la salud pública, contra la propiedad industrial, de mercantil Naranjas SL
Contra Pascual Serrano, Amparo Serrano, Agustín Falco, Rosa Mª Serrano como administradores grupo Serrano Nireloa SL y Construcciones Serrano SA, únicos accionistas de mercantil Fertilizantes e Insecticidas Sa (Ferinsa)
Contra Francisco Roig Torradeflot como administrador único de Mercantil Productes Milloradors de Sols SA (Promisol Sa)
Contra Carlos Fabra Carreras, como administrador único de Carmacas SL
Investigación de Oficio e imputaciones
En enero del 2004, se dicta un Auto Judicial de la juez de Nules en la que desestima las querellas de Vicente Vilar contra Fabra. La primera, contra Fabra y Montserrat Vives, porque no aprecia la existencia de delitos, y de haber existido, ya hubieran prescrito. La segunda, contra Fabra, Montse Vives y 9 empresarios, por defecto de forma.
La juez, no obstante, decide que los hechos son graves y determina investigación de oficio. A partir de aquí surge la imputación de Carlos Fabra, Mª Amparo Fernández, Montserrat Vives y Vicente Vilar. Se investiga si hubo corrupción, tráfico de influencias, delitos contra la salud pública, e incluso se investiga si el ex presidente de la Diputación pudo enriquecerse ilícitamente. Como consecuencia de las investigaciones surge también la acusación de que Carlos Fabra y Mª Amparo Fernández pudieron haber defraudado a Hacienda entre 1999 y 2004.
Posteriormente se imputaría también al ex senador Miguel Prim por el presunto delito de tráfico de influencias.
