Mantienen que es "injustificada" entre los graduados y que marca"contradicciones"con otros grados donde si tienen acceso a funciones públicas
Castellón Información
El título de Grado de ingeniería debe ser suficiente para acceder a una plaza de ingeniero el subgrupo A1 de la Generalitat Valenciana. Esta es la reclamación de los colegios de ingenieros técnicos y de grado de la Comunidad Valenciana, a quienes la nueva LFPV exige un Máster para poder acceder a dichas plazas.
Tras el proceso de Bolonia, con el fin de homogeneizar en toda Europa las competencias que debían tener los profesionales, se estableció que el Marco Europea de Cualificaciones debía distinguir entre tres niveles: grado, máster y doctor. Sustituyendo a la antigua clasificación que distinguía entre diplomaturas, licenciaturas y doctorado. A partir de tal momento, el grado es la titulación que confiere las competencias para la práctica de las actividades que exigen formación universitaria y el máster es un título de especialización.
Que un Decreto español para el ejercicio de algunas profesiones exija un máster para su ejercicio privado en nada justifica que una ley sobre función pública cometa el mismo error. Máxime cuando esa misma ley para el acceso al cuerpo de abogados de la Generalitat no exige máster para poder ocupar una de tales plazas, aunque para poder ser abogado sí que haya que cursar un máster habilitante. Esta es una contradicción que pone de manifiesto que en la Ley de Función Pública Valenciana se distingue entre lo que es la titulación para el ejercicio de profesiones privadas y el acceso a la función pública. Si de verdad el argumento de que lo que se exige para el acceso a la función pública debiera ser lo mismo que para ejercer una profesión liberal, habría que impugnar todas las oposiciones de jueces, fiscales, abogados del Estado, de la Generalitat, notarias, etc. porque para ninguna de ellas se exige máster habilitante, sino simplemente un grado en Derecho.
Cualquier trato diferenciado respecto de los graduados en ingeniería en relación con otros graduados españoles o europeos supone una discriminación injustificada, que contraviene el marco europeo de competencias profesionales.
Al excluir a los graduados en ingeniería para puestos de la función pública relacionados con tal titulación universitaria se comete una discriminación y un anacronismo (se les trata como si en vez de graduados fueran diplomados universitarios).
Una diplomatura no equivale a un grado, pues exige cursar unos créditos complementarios hasta alcanzar dicho nivel (cuando las propias universidades establecen en sus planes de estudio tal posibilidad), mientras que el grado actualmente equivale a la licenciatura, al título de arquitecto y de ingeniero.
