Una vez que se quedó desierta la oferta pública, los contactos se realizan a través de inmobiliarias y particulares
Castellón Información
El Ayuntamiento de Castellón tiene reservada una partida de casi un millón de euros para la compra de viviendas sociales. Con este fin realizó un concurso público para la compra de viviendas, que no obtuvo ningún resultado. Los pisos ofertados por las entidades bancarias carecían de ascensores, estaban en malas condiciones, o no ofrecían las condiciones de habitabilidad que señalaban los requisitos del concurso.
Una vez agotada esa vía formal, la entidad municipal sigue buscando piso, pero esta vez a través de inmobiliarias o particulares.
De esta forma, el que tenga una vivienda vacía y quiera venderla se puede poner en contacto con la entidad municipal y exponer lo que tiene y cuánto pide por ella… otra cosa, es que se la compren.
Los requisitos pasan porque la vivienda no tenga problemas de accesibilidad, o, dicho de otra manera, disponga de ascensor si no se encuentra en planta baja. Se encuentre en buenas condiciones ‘para entrar a vivir’, con certificado de consumo energético, la ITV pasada si tiene más de 50 años, cocina completa, en buen estado y con electrodomésticos… y que no sobrepase los 80.000 euros.
La concejal de Castelló en Moviment, Paz Beltrán, entiende que se trata de una buena oferta y que la compra de estas viviendas puede solucionar muchos problemas, tanto en el caso de los desahucios, como de personas sin recursos.
Estos recursos para adquisición de vivienda serán válidos hasta finales del 2019, ya que no proceden de inversiones financieramente sostenibles, sino de un préstamo solicitado por el Ayuntamiento.
Según ha podido saber Castellón Información, se han establecido contactos y la mayor parte de las ofertas presentadas se encontrarían en la zona sur de la ciudad. Viviendas de cierta antigüedad, pero adecuadas a lo que se busca.
Castellón puede tener en estos momentos más de 7.000 viviendas vacías, peros los propietarios suelen ser muy reacios a alquilar. Los motivos de esa ausencia de disposición son, sobre todo, las malas experiencias. Inquilinos que no pagan y a los que cuesta sacar de casa; el descuido con el trato de muebles o enseres, e incluso los casos de pisos completamente destrozados.
Si no hay un mediador que se responsabilice de los actos de los inquilinos, los propietarios no arriesgan. Cuesta menos tenerlo cerrado que pagar luego las consecuencias. Y en esa situación, el Ayuntamiento lo más que puede hacer es ofrecer ayudas, pero no representa el papel de la mediación que exigirían los propietarios.
También se da la circunstancia, de que un piso alquilado, por bajo que sea el precio, sitúa a personas con rentas bajas en una posición muy perjudicial. Con un solo ingreso reducido pueden acogerse a las rentas mínimas por las que no tienen que hacer la declaración a Hacienda si no sobrepasan una cierta cantidad. Pero si alquilan esa vivienda que no necesitan o que se sumó por herencia a su patrimonio, por más de 1.500 anuales (más de 125 euros al mes), estarán obligados a realizar la declaración y, generalmente, a pagar impuestos. No resulta rentable.
En esa situación se han llegado a dar casos de propietarios que han vendido sus inmuebles por precios muy por debajo del valor catastral que tienen reconocido. A veces, tener patrimonio se convierte en un problema.
La opción de vender una vivienda que no genera beneficios pero sí muchos problemas, puede ser una solución para muchas personas.
