La acusan de recortar la asistencia a los pacientes del centro, los puestos de trabajo y los sueldos del personal
Castellón Información
La sección sindical de Comisiones Obreras del Hospital Provincial de Castellón ha hecho su propio balance de la gestión de la consellera Montón, con respecto a este centro hospitalario.
Para ello, han remitido un comunicado en el que denuncian “dos años de Montón con recortes a la ciudadanía v a los profesionales de! Consorcio”
El comunicado indica textualmente:
“Concluida la mitad de la legislatura de Montón como presidenta del máximo órgano de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, sigue manteniendo pendientes de solución los mismos problemas que se propuso abordar a su llegada, por lo que CCOO-CHPCS da un suspenso su gestión y le insta a reconducir su política de actuación.
Desde que el actual ejecutivo asumiera el gobierno, el personal del Consorcio sigue sin ver su convenio colectivo, negociado en 2014, y que tras haber obtenido informe favorable de Hacienda en septiembre de 2016, sigue, casi un año más tarde, paralizado, impidiendo que el personal disponga de un texto regulador actualizado y que asegure sus derechos laborales.
Tiempo de aplazamiento, indica el mismo escrito, que ha aprovechado para recortar en los derechos de la ciudadanía, que tiene que ver cómo se demora la asistencia sanitaria, y vulnerar de manera continuada los derechos laborales del personal del Consorcio, impago del complemento de la productividad, cambios en las condiciones de trabajo, rebajas de salario, homologaciones de categorías profesionales injustas e innecesarias, entre otras, todo ello provocando desigualdades en la plantilla que han derivado en multitud de reclamaciones judiciales, siguiendo la invitación de la consellera Montón, que ahora están recibiendo el aval de la Administración de Justicia.
Asimismo, se mantienen en el Consorcio las dificultades de sustitución del personal funcionario, sin que se adopten soluciones sostenibles ni se aborde de manera definitiva, recurriéndose a contrataciones por acumulación de tareas que, según circunstancias, persisten más allá del tiempo previsto de sustitución, generando duplicidades innecesarias, enmarcado todo ello en una gestión del personal desordenada e imprevisible, incluso arbitraria, por cuanto se producen movilidades continuas de personal sin respetar los cauces administrativos estipulados, por cuanto tampoco se respeta la relación de puestos de trabajo.
Un bienio que se preveía de progreso y desarrollo, ha estado lamentablemente marcado por declaraciones de intenciones, por el desarrollo de un plan funcional incierto que se presenta sin justificación ni aval jurídico, que se ha traducido principalmente en amortizaciones v despidos de personal, en adelgazamiento de los recursos sanitarios. Despidos, todos ellos, declarados improcedentes por la justicia, con la excepción de una nulidad. En definitiva, puestos de trabajo destruidos, que no se han recuperado, sobrecargándose posteriormente la actividad de otros profesionales de plantilla a fin de mantener la actividad asistencial, a costa del esfuerzo de los profesionales, como es el caso, por poner un ejemplo, del servicio de Farmacia.
En el Consorcio, estamos asistiendo a la implementación de un plan de exterminio de servicios asistenciales como se demuestra ahora en el caso de Medicina Deportiva, que despidió una unidad de tratamiento completa, es decir, un facultativo y una enfermera, y ahora incrementa el precio de las pruebas de esfuerzo en un porcentaje imposible, más del doble, de tal manera que el servicio se quede poco a poco sin demanda asistencial en un desmantelamiento progresivo por recurrir al ámbito privado, único beneficiado. Decisión que ha sido reprobada por voces de su mismo partido político que sí deciden con independencia y actúan con el objetivo del interés ciudadano, y no anteponiendo la conveniencia política, tan utilizada en el caso del Consorcio Hospitalario.
Igualmente, suspende el Consorcio en materia de transparencia, dado que sigue en la opacidad, sin exponer informaciones que debieran ser públicas, como contrataciones de servicios o las memorias y las cuentas de resultados anuales. Ni siquiera se cumple con los Estatutos, ya que tampoco se ha creado la Junta Asistencial ni la Comisión de Participación y Garantías de los Ciudadanos, gobernando unilateralmente, totalmente de espaldas a la negociación colectiva, a los profesionales y a la ciudadanía, en vulneración de derechos sociales y laborales, optando por un mejor criterio tan criticado en legislaturas anteriores, el del decretazo.
Por todo ello, desde CCOO-CHPCS, lamentamos profundamente el desaprovechamiento de oportunidades de la señora Montón en cuanto a garantizar y avanzar en materia de derechos, e instamos al Gobierno Valenciano a que, en vista del balance de la mitad de la legislatura, intervenga en consecuencia, adoptando las medidas necesarias para el replanteamiento de la dirección del plan gestor del Consorcio, en salvaguarda de los derechos socio-laborales”.
