Enrique Domínguez. Economista
La verdad es que el actual gobierno de España nos tiene en vilo. Casi cada día nos desayunamos con un nuevo titular en la prensa escrita o digital o en los informativos de las emisoras de radio o de televisión. Uno de los últimos se refiere a la prohibición de matriculación y venta de todos los vehículos ligeros que emitan de forma directa dióxido de carbono a partir del año 2040.
Con anterioridad hemos leído otros relativos a la creación de un impuesto al diesel, a los que cobran más de ciertas cantidades, a las empresas tecnológicas o a los bancos; o a la subida del salario mínimo interprofesional, a cambios en la reforma laboral relativos a la tipología de contratos o al cierre de las centrales nucleares, entre otros titulares.
Tal vez sea la consecuencia del escaso número de diputados del partido en el Gobierno y de la necesidad imperiosa de complacer a los partidos que le apoyaron en la moción de censura o, más bien, que votaron en contra del anterior presidente.
Según la ideología de cada uno, estos titulares pueden significar la necesidad de explicitar de esa forma las necesidades del país y que no pueden llevarse al Congreso con la garantía de su aprobación (porque el consenso parece que está prohibido y lo que debe imperar es cargarse al oponente) o, sencillamente, paridas, sandeces que solamente sirven para crear castillos en el aire porque no van a aprobarse.
Pero, si intentamos reflexionar sobre esos titulares, ¿son como dicen algunos, paridas o, lo que es peor, propuestas que pueden acentuar los problemas del país en lugar de reducirlos? ¿Son, a lo mejor, avisos a navegantes? ¿Son, tal vez, una forma de explicitar cuestiones que necesitarían un amplio debate obviando la posición ideológica y pensando más en el futuro del país? ¿Son un quiero y no puedo no exentos de razón?
Posiblemente, más de uno de los lectores me habrá clasificado ya en tal o cual ideología. Pero, ¿es tan difícil plantear los temas de calado para el país? Si se recurre a los titulares casi diarios de la prensa, ¿será porque no somos capaces de dialogar, de discutir con argumentos (no con el argumentario partidista) y rebatir con hechos y cifras y no con votos?
Todo este preámbulo viene a colación por la prohibición de matriculación y venta que afectará a los vehículos ligeros que emitan de forma directa dióxido de carbono a partir del 2040 (los diesel, gasolina, híbridos o los propulsados por gas) anunciada el pasado trece y martes de noviembre de 2018; recogerá esta prohibición la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno.
Lo primero que pensé es que se trataba de otro brindis al sol del Gobierno, sin pies ni cabeza y sin haberlo consensuado con fabricantes y sindicatos, teniendo en cuenta el peso de este sector en la economía española:Supone en torno al diez por ciento del PIB, el 15% de las exportaciones en 2017 (el 25% en la Comunitat Valenciana y el 2,5% en Castelló) y un peso importante en el número de trabajadores, sobre todo por su cualificación.
Pero ¿es algo sui generis del Gobierno o algo que ya está previsto en otros países? Al día siguiente, en algunos medios y agencias de noticias se decía que esa propuesta era similar a la anunciada por el Reino Unido y Francia; es más, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.
Parece ser que a los fabricantes y a los sindicatos no les ha gustado la noticia o, quiero pensar, la forma de proceder, sin comentar con ellos antes este tema. Hay que decir que fabricantes como Volkswagen o Ford tienen claro que hay que hacer grandes adaptaciones de los vehículos en el futuro, aún siendo un sector de alta tecnología, a tenor de su energía propulsora. Y no olvidemos uno de los principios básicos del sector automovilístico, su paulatino traslado de países más desarrollados a menos desarrollados.
Si los fabricantes y sindicatos se opusieran a esa fecha, se podría alargar (porque no está claro qué ocurrirá en ese año y cómo evolucionará la investigación en este campo); ahora bien, si no aceptaran ninguna fecha decaducidad, ¿habría que aceptarlo a pesar de su incidencia en la creación de dióxido de carbono? ¿Nos importa realmente el futuro de nuestros hijos o nietos?
Por tanto, para mí, no ha sido una parida. Ha sido, por desgracia, un querer y no poder llevar a cabo algo que requiere un, por desgracia, inexistente debate serio; lo contrario sería actuar como los avestruces. Posiblemente cuando se tienen pocas posibilidades de éxito de una norma es cuando se explicitan aquellos problemas más serios y que muchos políticos no quieren ver porque les quitaría votos. El sillón manda mucho. ¿Qué opinan ustedes?
