La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, remitió el pasado mes de junio un escrito a los presidentes de las tres diputaciones para constituir una mesa de coordinación en cada provincia
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El subsecretario de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero, ha explicado la apuesta de este departamento por que las mesas de trabajo que se acordó constituir con las tres diputaciones provinciales sirvan para "regularizar conforme a la ley las competencias en materia social" de las distintas administraciones y así dar "una solución a las llamadas competencias impropias".
Estos espacios de coordinación ambicionan garantizar que toda la ciudadanía "reciba el mismo nivel de prestación de servicios sociales independientemente de donde vivan" y que ambas administraciones trabajen conjuntamente para ello, ha explicado el subsecretario, quien ha indicado que la Diputación de Castellón ya ha remitido su propuesta de composición de la mesa, y se está a la espera de que Alicante y Valencia hagan lo propio.
Asimismo, ha añadido que, "el objetivo es tanto regularizar los servicios y programas en materia social que presta o desarrolla cada institución actualmente, de acuerdo con la distribución competencial prevista en el ordenamiento jurídico, como estudiar y consensuar la planificación de futuras actuaciones en este ámbito".
El subsecretario ha hecho alusión a casos concretos, como el centro de salud mental de Bétera, el Hogar Provincial de Alicante o el Complejo Penyeta Roja de Castellón, que se prevé puedan ser estudiados en las respectivas mesas sectoriales.
Otro propósito de las mesas es "estudiar y consensuar la planificación de futuras actuaciones en materia social" y, en este sentido, ha puesto como ejemplo el nuevo modelo de servicios sociales iniciado este año, que tiene como objetivo la "remunicipalización de los servicios sociales a través de la atención base, con un incremento presupuestario que ha permitido dotar a los ayuntamientos de una mayor financiación para la contratación de profesionales".
A continuación, Gamero ha recordado que los presupuestos de la Conselleria para 2017 incluyen una partida de 36,6 millones de euros para el refuerzo de los servicios sociales municipales, "lo que permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal, y se podrá pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años a los cerca de 1.400 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales".
La Diputación de Valencia ya se ha sumado a este proyecto, y ha asumido la financiación de los municipios de menos de 10.000 habitantes, que son aquellos que son competencia de la corporación provincial según la ley de Servicios Sociales de 1997 y uno de los objetivos de las mesas de coordinación es lograr que esta colaboración se extienda también a las provincias de Alicante y Castellón.
Las mesas técnicas de coordinación y cooperación social
El subsecretario ha expresado el deseo de la Conselleria de que estas mesas comiencen a trabajar cuanto antes y, en este sentido, ha manifestado la voluntad de que la de Castellón, que es la primera de las diputaciones que ha respondido a la oferta de la Conselleria, pueda constituirse nada más acabar el verano, e iniciar los trabajos en cuestiones en las que existe una competencia compartida.
Así, la propuesta de la Conselleria es que estos organismos están constituidos por el propio subsecretario junto a los secretarios autonómicos de Servicios Sociales y Autonomía Personal y de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad y por aquellas personas que se consideren oportunas por parte de las distintas corporaciones.
Completaran las delegaciones de cada Administración, ejerciendo la función de secretaría de las mismas, un funcionario de alto rango de cada una de ellas, que en el caso de la conselleria, serán los respectivos directores territoriales.
El objetivo, ha incidido Gamero, es "realizar un análisis detallado de las problemáticas administrativas, económicas, técnicas y sociales que afecten a la coordinación en el ámbito social entre la Generalitat y las diputaciones", desde un punto de vista "técnico", y teniendo en cuenta tanto los aspectos generales como los específicos de cada territorio.
