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- 31 julio, 2017 -

José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal. Dice de este término el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que es asumir, aceptar lo... Acatar

José Antonio Rodríguez. Asesor Fiscal.

Dice de este término el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que es asumir, aceptar lo que marcan normas legales, pero también dice como acepción el mirar bien algo.

Me disculparan los lectores de Castellón Información  les manifieste mi torpeza o mi falta de capacidad para entender esa manida frase en boca de los políticos en general y que cada uno utiliza en el momento que le conviene: “respetamos la sentencia pero no la compartimos”.

Vamos a ver, si acatar es asumir un precepto legal y mirar bien esa resolución, no me cabe el que se acata pero no se comparte.

Acatar una resolución de quien tiene la capacidad y potestad  en un estado de recio de dirimir sobre temas tan importantes como son la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos es poner en duda la imparcialidad, profesionalidad y capacidad de interpretación de las leyes por parte de los jueces.

Supone igualmente colocar al poder judicial en la misma esfera que al  poder político, es decir el  que defiende una ideología y una visión del mundo y que bajo esa visión de la sociedad y sus componentes cree que la mejor forma de perfeccionarlo, solucionar las diferencias existentes y mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos en poner en práctica esa visión propia que solo se consigue gobernando y marcando pautas mediante cualquier tipo de resolución, que muchos de ellos aprovechan de modo quasi dictatorial.

El pasado jueves el  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado en contra de un decreto del conseller estrella de esta legislatura, el señor Marzá, el famoso decreto sobre  plurilingüismo, en el que con todo descaro favorecía otorgaba la impartición de lengua extranjera, además de otorgar títulos automáticamente,  a quien más horas de valenciano impartiese.

Sin entrar en la lícita potenciación de una de las dos lenguas cooficiales en nuestra Comunitat y establecer medidas para que su normalización sea una realidad no únicamente sobre el papel sino en el devenir cotidiano de los valencianos lo cierto es que no puede realizarse a costa del ninguneo  de la otra, arrinconando y relegando a quienes quieren recibir esta formación en castellano,  a la calificación de ‘apestados’.

No basta con aceptar, el comportamiento correcto, adecuado y ejemplar que los ciudadanos a los que se gobierna quieren  de los políticos  es el  asumir con agrado que se han pasado de vueltas, que han transgredido el ordenamiento jurídico vigente y que eso es merecedor de una sentencia en contra.

El respeto pero no comparto manifiesta además  que los derechos fundamentales protegidos no me parece bien, que quiero de tapadillo cambiar las reglas del juego so pretexto de no se sabe bien qué y cuándo me pillan, todo el Consell me apoya. Lenguaje político que nos cuesta  entender a los ciudadanos de a pié.

Rectificar es de sabios y de cuerdos, si quieren continuar teniendo credibilidad más allá de los fieles seguidores que son pocos, hay que eliminar el no compartimos, lo contrario es dibujar un estado bolivariano donde yo me lo guiso, yo me lo como; por cierto y plantearse eso de la dimisión también es de cuerdos.

 

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