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- 7 agosto, 2020 -

Alejandro Marín-Buck. Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón. Lo de esta semana ha sido un despropósito, la Federación Española de Municipios y... Alcaldesa, no nos hipoteque de nuevo

Alejandro Marín-Buck. Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón.

Lo de esta semana ha sido un despropósito, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), rompiendo el consenso hasta ahora imperturbable del municipalismo, al aprobar el acuerdo que proponía el Ministerio de Hacienda para que ayuntamientos y diputaciones cediesen sus remanentes de gasto al Estado, en forma de préstamo para ser devueltos en un plazo 10 años en un principio, aunque ayer con el BOE nos sorprendieron con que tardarían 15 años en ser devueltos, hasta el 2037 ni más ni menos. En esta ocasión la iniciativa ha salido adelante gracias a los 12 votos del PSOE más el de calidad del presidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, principal valedor de esta propuesta, y con la complicidad del voto de Unidas Podemos que se ha abstenido, frente a la oposición de los 10 representantes del PP, uno de Ciudadanos y otro de Junts x Cat.

Desde la aplicación de la Ley Montoro de estabilidad presupuestaria en 2012, todos los ayuntamientos se ven obligados a destinar gran parte de estos remanentes a pagar la deuda de sus consistorios o diputaciones, lo que ha ayudado a sanear las cuentas de muchos consistorios, pero la realidad actual difiere mucho de entonces, y en estos momentos, de los cerca de 8000 ayuntamientos de toda España, muchos disfrutan de una buena salud financiera y apenas presentan deuda, por lo que desde hace ya tiempo, muchos de estos municipios entre los que se encuentra el nuestro, reivindican la posibilidad de destinar los remanentes a inversión en iniciativas que redunden en el beneficio de sus ciudadanos, ya que este dinero proviene de la recaudación directa e indirecta del municipio. De este modo se había manifestado en reiteradas ocasiones la alcaldesa Amparo Marco, cuando públicamente ha insistido en la conveniencia de poder destinar estos superávits a inversiones municipales en vez de tenerlas que invertir en pagar deuda según marca la ley, en este mismo sentido se presentó una declaración institucional por parte de Unidas Podemos en abril de este mismo año, que contó con el voto a favor de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento.

La propuesta, que en un principio debía de ser aprobada por la FEMP y posteriormente regularse a través de una norma con rango de ley para ser debatida y aprobada por el congreso, ha sido de nuevo carne de rodillo, y a través del consejo de ministros se ha elevado como real decreto para que sea aprobada sin tener que pasar por el congreso, otro ejemplo más de la neodemocracia de la que está haciendo uso habitual el Gobierno socialista con sus socios podemitas.

Dentro del debate de si esta medida es mejor o peor, o la menos mala, el tiempo lo dirá, lo que es inadmisible es que nuestra alcaldesa, la Sra. Amparo Marco, miembro de la FEMP por su calidad de alcaldesa, ha votado a favor como militante socialista disciplinada, y no como máxima representante del ayuntamiento que ha de velar por el interés de todos sus ciudadanos. Seguramente nos justificará que concretamente en el ayuntamiento de Castellón no disponemos de remanentes de tesorería, ya que a través de la segunda modificación de crédito que se realizó este año, se destinó la integridad de los remanentes a amortizar deuda, pero eso no es justificación que valga, ya que como representante municipal en un organismo nacional ha de velar por el interés de todos los ayuntamientos de España, y no solo por el suyo propio.

Cabe destacar que la entrega voluntaria de estos remanentes, que se estima en más de 14.000 millones de €, implicará que estos ayuntamientos se queden sin superávit para afrontar gastos venideros de deuda, lo que conllevará un agujero a largo plazo de las arcas municipales. Una actitud irresponsable y reprochable de la cual pediremos explicaciones.

La realidad es que la propuesta es confusa y mezcla conceptos que en ocasiones evidencia la improvisación de estas medidas, y además parece que coacciona e incluso chantajea a los ayuntamientos que de forma “voluntaria” no pongan sus remanentes de tesorería a disposición del Estado, en que podrán acceder a los fondos europeos de reconstrucción o al fondo de 5.000 millones de euros que ha prometido el gobierno, 2.000 millones euros este año y 3.000 millones el que viene, eso sí, a gastar según sus directrices sin dar la libertad a los ayuntamientos de destinar según sus necesidades y realidades. Además ¿qué pasa con los ayuntamientos que no disfrutan de superávit?, son más de 300 en toda España, entre ellos ayuntamientos importantes de capital de provincia como Zaragoza o Granada, ¿se quedarán fuera de estas ayudas?, Con esto lo único que se genera es desigualdad, creando administraciones de primera y de segunda, y eso no es justo. El documento intenta aportar dos soluciones a este problema, una solución es a través de las diputaciones en forma de préstamos y transferencias no reintegrables, pero ¿qué préstamos va ha hacer la diputación que presente remanentes, si serán entregados a Hacienda? Y la otra solución que proponen es que el Estado revisará las condiciones de los préstamos que tienen los ayuntamientos con las entidades financieras, una auténtica quimera…

Lo único que tiene sentido de este documento es una propuesta que ha pasado bastante inadvertida ante tanto ruido justificado, que es la propuesta de reformar de una vez por todas el sistema de financiación local, que realmente es el quid de la cuestión, aunque echo de menos otra que sería la reforma que no derogación como piden otros, de la ley de estabilidad presupuestaria, ya que hoy en día, parece que goza con el beneplácito de prácticamente la integridad de grupos políticos para ser abordada y modificada, y realmente es aquí, con estas dos últimas cuestiones, cuando se conseguiría una financiación justa de los municipios y un uso racional e individualizado de los gastos.

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