Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
Se fue Juan Carlos I. Llegó Felipe VI y la vida sigue igual; la vida política, que no depende de un monarca que reina, pero no gobierna, continua igual de cainita y sumida en sus mismas luchas intestinas al amparo de la hipocresía que le es consubstancial. No entra en las funciones de un rey constitucional resolver el problema del paro ni sacar las castañas del fuego a unos políticos que, si cundiera el ejemplo de la abdicación, deberían retirarse todos del foro público y proceder a una renovación de todo el sistema político. De nada sirve la renovación in capite, si las cañerías siguen igual de obstruidas y obsoletas.
Ahora sale Isidro Fainé, factotum de la Caixa, animando a que sea Felipe VI quien haga de intermediario entre España y Cataluña, como si de un conflicto entre dos potencias se tratara. Si la Caixa ha salido indemne del estallido inmobiliario ha sido gracias a su holding industrial y de servivios, cuyo buque insignia es Gas Natural, la niña privilegiada por los pactos de gobierno y receptora de todo tipo de protecciones en opas y otras transacciones, como la opa sobre Endesa y la inhibición del entonces José Montilla que como ministro de Industria se negó a intervenir en el grave conflicto que las azulejeras valencianas mantenían con la gasística catalana a cuenta de los precios del gas, cuyo incremento del sesenta por ciento amenazó con arruinar a nuestro primer sector industrial. Era 2005, la era de gloria de Zapatero, y el año en que la Caixa condonó al PSC seis millones y medio de su deuda financiera. También los tribunales se inhibieron del caso, tal vez por ese pacto de barra libre para los partidos políticos en las cajas de ahorro, cuyos efectos nos resultan tan amargos como conocidos.
Por volumen de negocio y extensión geográfica, la Caixa y Gas Natural son, antes que catalanas, empresas españolas, un mercado que resultaría muy problemático con una Cataluña fuera de la Unión Europea, aunque se siguiera en el euro. A los grandes empresarios catalanes no les roza la camisa el cuerpo si tal proceso secesionista se consolida. Es una desfachatez solicitar del monarca la función de bombero. No entra en su papel ni en su sueldo, y una intervención regia en asuntos políticos sería seguir en la línea del primorriverismo o del 23-F. No puede la monarquía, en un sistema democrático, amparar privilegios de clase ni de territorios, sean metafísicamente regiones o naciones. No estamos a estas alturas para devaneos metafísicos. Isidro Fainé sabe muy bien que la pela es la pela, y por eso cogió de la oreja a Artur Mas para llevarlo a los actos protocolarios del nuevo rey.
Uno tiene la impresión de que lo que de veras molesta tanto a Mas como a Urkullu no es el hecho de tener que ser españoles, sino el tener que ser iguales. Y siendo la igualdad un principio constitucional de primer orden y una cuestión de derecho de gentes, no sé si no sería mejor que se fueran de una vez a constituir sus respectivas manadas. Pero un estado democrático no puede seguir sometido al chantaje continuado del secesionismo como medio de arrebatar privilegios y tratos de favor. Si no es admisible una Europa de dos velocidades, tampoco lo es una España con doble caja de cambios, que es lo que buscan esos listillos del secesionismo y de quienes tienen su control, que son siempre los mismos. Unas veces alientan y otras, moderan. Pero lo que se dice mandar, vaya si mandan. Lo hemos visto esta semana.
