La entidad municipal los ocupó en 2010 para urbanizar el parque de la Guinea en la zona oeste
La propiedad de una de las parcelas sobre la que se construyó el parque ‘de la Guinea’, en el oeste de la ciudad, lleva diez años en un pleito con el ayuntamiento de Castelló para que le devuelva el terreno o se lo pague. El Supremo ha dictado sentencia, pero como ese suelo ya está construido, el ayuntamiento declara la incapacidad de cumplir la sentencia y valora una indemnización de 24.700 euros.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El 30 de abril de 2013 se inauguraba el Parque de la Guinea, también conocido como el parque del Pont de Ferro, en la zona oeste de Castelló.
Fue todo un logro para los vecinos de la zona, que pasaron a tener una zona verde que habían reivindicado durante años. La urbanización del parque ocupa 22.000 metros cuadrados, situados entre la antigua N-340 y la avenida Barcelona por la que discurría la antigua vía del ferrocarril antes del soterramiento. Se invirtieron 1,7 millones de euros y las obras duraron 12 meses.
Fue inaugurado por el entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y por el alcalde Alfonso Bataller.
Pero con la puesta en marcha de aquella zona verde no quedaron resueltos todos los problemas de aquellos terrenos. Según comentaba el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, José Luís López, el ayuntamiento llegó a un acuerdo de ‘ocupación directa' con todos los propietarios, menos una, AF, que no estaba dispuesta a dar sus terrenos de aquella manera, y presentó batalla.
El acuerdo de ocupación del suelo fue aprobado por la Junta de Gobierno local el 22 de diciembre de 2010. Formaba parte de la urbanización del sector 13, ya liberado de las vías del tren.
Adela F. recurrió, primero los acuerdos del ayuntamiento, y después por vía judicial. No consiguió que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial le diera la razón, y lo elevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.
Tampoco en este caso tuvo mejor suerte. Volvió a recurrir, pero esta vez ante el Tribunal Supremo.
En el transcurso de todo el proceso, AF fallecía, pero su hijo y heredero, A.M.F, tomó el relevo y continuó con el pleito.
El Tribunal Supremo dictó sentencia favorable a los requerimientos de AF y ahora de su hijo A.M.A. el 29 de abril de 2021. En su dictamen resolvía que le fueran devueltos los terrenos a su legítima propietaria. Pero claro, transcurrido tanto tiempo, ese suelo ahora forma parte de un parque y de una urbanización. No se puede deshacer lo que ya está más que consolidado.
Conocida la sentencia, la entidad municipal decidía contratar a una mercantil de abogados expertos en urbanismo, la revisión del caso, y su posible subsanación, cuyo informe era remitido al ayuntamiento el pasado 16 de noviembre. En este documento se indica, que la valoración económica de ese suelo, en fecha de 15 de febrero de 2011 ascendía a 27.728 euros.
El pasado jueves, la Junta Local de Gobierno aprobaba un punto en el que declaraba oficialmente: “la imposibilidad de la ejecución de la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en relación a la ocupación directa para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución en la zona verde del sector 13-SU-R (entre la avenida Barcelona y la avenida del Ríu Sec)”.
En resumen, una vez que el ayuntamiento ha aprobado la imposibilidad de retornar al heredero de AF el suelo que se utilizó para crear la zona verde, trasladará los hechos al Tribunal y se ofrece a reparar el daño con una indemnización por el valor tasado en 2011: 27.728 euros.
Ahora bien, la propietaria original ya no podrá verlo y será su hijo quien determine si acepta la indemnización y zanja el asunto, o inicia un nuevo pleito para reclamar una indemnización mayor de la indicada.
