El alcalde, José Benlloch, da a conocer el resultado de las negociaciones, que permiten “dar tranquilidad a los pequeños propietarios”, y anuncia que la urbanizadora ha solicitado la suspensión del programa durante dos años.
El programa de urbanización del Espai Comercial Vila-real ha liquidado la deuda de 2,5 millones de euros que tenía con la urbanizadora del proyecto tras las negociaciones que han permitido la reorganización de la propiedad de los terrenos. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha dado a conocer hoy esta “buena noticia”, que ha permitido “dar tranquilidad a los pequeños propietarios de fincas en la zona” y ha anunciado también que la urbanizadora ha solicitado la suspensión temporal del programa urbanístico, solicitud que ahora deberá estudiar el equipo de gobierno para su aprobación, en su caso, por el pleno municipal.
El Espai Vila-real comenzó su ejecución en el año 2011 para la urbanización de una gran área comercial de cerca de un millón de metros cuadrados y casi 30 millones de inversión prevista. Con un 5% aproximadamente de los trabajos ejecutados, la urbanizadora solicitó en el mes de septiembre de 2012 la paralización de las obras movida por los impagos, por parte principalmente de la propiedad mayoritaria de los terrenos, en manos de entidades bancarias, de las cuotas de urbanización que, hasta la fecha, ascendían a cerca de 2,5 millones de euros. “Esta situación de impagos llevó a la empresa a entrar en concurso de acreedores y obligó al equipo de gobierno a iniciar los procedimientos de apremio establecidos por la ley para que los propietarios liquidasen esa deuda con la urbanizadora”, recuerda Benlloch.
La reciente adquisición de los terrenos de una entidad bancaria por otro de los bancos implicados en el proyecto ha permitido, explica el alcalde, reducir el número de propietarios, de manera que ahora la propiedad de las fincas queda en un 70% en manos de un banco, entre un 8 y 10% en manos de pequeños propietarios y el porcentaje restante, de una empresa del municipio. En la operación de compra, el consistorio de Vila-real ha exigido el cumplimiento de una serie de compromisos, entre los que destaca la exigencia del pago de los 2,5 millones de euros adeudados a la constructora y el abono al ayuntamiento de los 319.000 euros que se debían en concepto de IBI.
“Han sido muchas horas de no dormir, de negociaciones muy duras, pero hoy afortunadamente podemos dar una buena noticia y anunciar que se ha puesto fin a la deuda y los problemas económicos del proyecto”, señala Benlloch, quien destaca que esta operación ha permitido no sólo que la empresa cobrase lo que se le debía, sino también “sacarla” del concurso de acreedores y hacer posible el pago a las firmas constructoras que han participado en la obra. “A los pequeños propietarios se les van a anular los apremios, de manera que van a poder respirar por fin tranquilos y ya no van a tener que padecer más una amenaza de subasta de las fincas, mientras el Ayuntamiento de Vila-real va a ingresar 319.000 euros por el IBI que van a venir muy bien a la economía municipal”, añade.
La liquidación de la deuda ha llegado acompañada de la solicitud, por parte de la urbanizadora y la propietaria mayoritaria, de suspensión temporal del programa urbanístico, en base a la Ley 1/2012 de la Generalitat Valenciana de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, que permite suspender temporalmente los programas urbanísticos de este tipo durante dos años prorrogables dos años más. Para ello, la empresa urbanizadora deberá aportar ahora documentación que avale la inviabilidad del proyecto y un informe de las medidas a adoptar para que el porcentaje de obra ejecutado se mantenga en condiciones, así como un estudio de los efectos económicos que la paralización pueda tener en las cuotas de urbanización cuando se retomen los trabajos en un futuro. “Cuando la urbanizadora nos remita estos tres informes, valoraremos la situación y se decidirá qué solución adoptar”, valora el alcalde.
A este respecto, Benlloch apunta que la suspensión temporal del proyecto “daría un tiempo para reflexionar sobre qué queremos para una zona de la ciudad que es punto estratégico y escaparate de entrada a Vila-real, tanto por la N-340 como por la AP-7”. En esta línea, el alcalde recuerda que “en 2009, el Partido Popular renunció a la estación intermodal de mercancías prevista en esta zona, una estación que ahora el Ayuntamiento de Vila-real hemos reclamado dentro de las alegaciones al estudio informativo del nuevo acceso ferroviario sur al puerto de Castellón y que, si el Gobierno de España tuviera a bien ayudar al sector cerámico de la provincia, sería muy importante para Vila-real y para el desarrollo futuro y el empleo que se construyera finalmente en la ciudad”.
