El gobierno municipal de Castellón se opone públicamente a un proyecto que esperó a que se modificara el uso del suelo para solicitar licencia
El portavoz del gobierno municipal de Castellón ha declarado públicamente que el ayuntamiento no permitirá la instalación de una gasolinera en la intersección de Pintor Carbó con calle Villavieja. Sin embargo, el nuevo Plan General de Castellón abrió la puerta para esta actividad al modificar la calificación del suelo, de dotacional a terciario. Si la empresa cumple la normativa ¿tendrá derechos adquiridos ¿qué posibilidades quedan? Compromís se opone a la gasolinera.
Con fecha de 28 de septiembre del presente año el Ayuntamiento de Castellón publicaba el siguiente edicto:
“Se ha solicitado la Licencia Ambiental para instalar una actividad de Unidad de suministro de combustible en la calle Villavieja, 17 de este término municipal, siendo los vecinos inmediatos a la proyectada actividad: xxxx”: Y entre ellos citaba a dos comunidades de propietarios de la calle Pintor Carbó, 2 y calle Villavieja, 15; y a varios particulares de la zona… Se les indicaba que todos ellos dispondrán de un periodo de 20 días, que concluirá antes de final de mes, para que “formulen las observaciones que crean convenientes”.
Abierta la caja de los truenos y ‘sorteado’ un acuerdo de hace más de 30 años
Y con esta publicación se abrió la caja de los truenos. Sobre todo, porque ni vecinos, ni comercios, ni ayuntamiento ni la mayor parte de los políticos municipales quieren una gasolinera dentro del casco urbano.
Esta decisión no se tomó ayer, realmente tiene una historia que que se retrotrae a hace más de 30 años. Fue durante el gobierno del alcalde socialista Daniel Gozalbo cuando se presentó el proyecto para construir una gasolinera en el barrio Rafalafena, donde ahora se encuentra el centro comercial.
Los vecinos del barrio se echaron a la calle y llegaron a hacerse hasta acampadas en la vía pública… En este caso ganaron los vecinos, la gasolinera de Rafalafena no se construyó y, además, lograron otros objetivos, como la declaración municipal de no permitir la creación de ninguna gasolinera nueva dentro del casco urbano.
¿Por qué han cambiado las cosas?: la trampa del PGOU
Lo cierto es que las cosas no habían cambiado ¿O sí?
Lo que ha ocurrido tiene que ver con la aprobación del último Plan de Ordenación Urbana de Castellón, que entró en vigor en noviembre de 2022. El documento incide, entre otras cosas, en el cambio de calificación del suelo en muchos puntos del casco urbano municipal. Y uno de esos cambios ha sido el que ha afectado a los terrenos situados entre la calle Villavieja y Pintor Carbó.
Antes de la aprobación el Plan este suelo estaba calificado como Suelo Dotacional. Allí no tenía cabida ninguna gasolinera. Pero a raíz del nuevo planeamiento se modificó su uso como Suelo Terciario, para uso comercial.
Cabe deducir también, que la empresa que respalda la instalación de la gasolinera en Pintor Carbó, ya le tenía echado el ojo a estos terrenos desde antes de la aprobación del nuevo Plan General. Así queda demostrado en algunos apartados del proyecto que se presentó al ayuntamiento.
Aunque la globalidad del proyecto tiene fecha de junio de 2023, muchos de los estudios e informes realizados dentro del documento están datados mucho antes, incluso a finales del 2022, y algunos otros documentos son posteriores, del verano de este año.
Y por si todavía quedaran dudas sobre la intencionalidad de la empresa de la gasolinera, dentro del proyecto presentado para solicitar la licencia ambiental, ya se desarrollan algunas normativas, e incluso resolución de conflictos judiciales anteriores, que avalan la legitimidad de su solicitud de licencia. Como, por ejemplo: “El órgano municipal no podrá denegar la instalación e estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello”.
No, no se trata de una licencia solicitada a ciegas, ni de una mera memoria descriptiva… la empresa ha invertido tiempo y dinero y ha presentado un proyecto completo. Un proyecto que desarrolla ya todos los requisitos de una actividad y una obra destinadas a la construcción de una estación de distribución de carburantes.
Alude el proyecto, a la importancia estratégica del sector, cuya valoración “entra dentro del ámbito de atribuciones que corresponden al Gobierno”. Y se cubre las espaldas con alusiones a las competencias estatales, a la calificación del suelo, e incluso a la compatibilidad con otras actividades.
Y con semejante documento presentado, ahora solo cabría seguir los trámites que marca la ley.
Los pasos a seguir, como bien conoce la empresa que ha presentado el proyecto para la solicitud de las licencias de actividad y de obra, obligan al ayuntamiento a recoger el guante y a cumplir los trámites. Entre ellos, el de ponerlo en conocimiento de los afectados más próximos para la presentación de alegaciones…
Lo que queda por ver es si estas alegaciones tendrán el peso suficiente como para paralizar el proyecto. Y qué alternativas le quedan a la entidad municipal para poder denegar las licencias solicitadas.
El razonamiento es el siguiente: si la empresa cumple todas las condiciones, si el suelo lo permite y la legalidad está de su parte porque el Plan General así lo recoge… el ayuntamiento está obligado a dar las licencias. Lo contrario podría incurrir en un el delito de prevaricación.
Pese a todo, podrían quedar algunas alternativas, como, por ejemplo, iniciar de forma urgente una modificación puntual del Plan General sobre la parcela afectada sobre el proyecto, para volver a modificar el uso del suelo. Una modificación de PGOU obligaría a paralizar licencias y frenaría la construcción de la estación e suministro de carburante. Lo único es, que, si la empresa tiene ya adquiridos unos derechos, la entidad municipal deberá hacer frente a los perjuicios que sufra la entidad de la gasolinera. Es decir, pagar una indemnización.
La reacción de los políticos
Otra cosa es cómo ha sentado el tema entre los políticos.
El gobierno anuncia que no permitirá la gasolinera
Tras la publicación de este proyecto en un medio de comunicación de Castellón, el portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, manifestaba rotundamente su rechazo a la gasolinera y afirmaba que el equipo de gobierno no lo iba a autorizar.
El portavoz del gobierno afirmó que el Ayuntamiento de Castelló no permitirá la construcción de la gasolinera. Sobre la forma de no hacerlo, no se pronunció. Lo que, si avanzó Sales, es que ‘la culpa’ pesaba sobre el equipo de gobierno anterior: el Acord de Fadrell.
Según Sales, el ayuntamiento dio vía verde al expediente de la gasolinera el 23 de mayo, 5 días antes de las elecciones municipales. Con lo cual, fue el gobierno anterior. Pero, además, también señaló al Plan General de noviembre de 2022 como al culpable para que esta empresa haya podido ‘colar’ su proyecto de gasolinera dentro del casco urbano de la ciudad.
Compromís anuncia una alegación contra la gasolinera
Por parte de Compromís, mientras Vicent Sales realizaba estas declaraciones a la prensa, el portavoz del grupo municipal, Ignasi Garcia, anunciaba que presentarían una alegación y que se opondrían totalmente a la construcción de la gasolinera.
En su comunicado, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, manifestaba: “querer instalar una gasolinera dentro de la ciudad parece de otra época. Mucho más si se pretende instalar junto a viviendas residenciales, y cerca de las escuelas Enriqueta Agut, Sanchis Yago y Consolación, y junto a los campos deportivos de Rafalafena”.
“A estas alturas, mencionaba Garcia, todo el mundo entiende que el lugar de las gasolineras debe estar en los accesos a la ciudad o en los polígonos, que esta es la ordenación urbana del siglo XXI”.
Hasta aquí había coincidencia entre las manifestaciones del gobierno y de Compromís. Pero, a continuación, Compromís cargó contra PP y XOX con declaraciones como que acusaba al gobierno de derechas de querer priorizar al transporte privado como prioritario de cada una de las sedes políticas, ignorando que con la actual escalada de precios de la gasolina, lo que nos hacen falta son alternativas económicas para hacer cosas tan cotidianas como ir a trabajar, a clase, en el médico o al mercado”. Y algunas cosas más.
Y como es lógico, con eso no tragó el equipo de gobierno que, a su vez remitió declaraciones en las que, esta vez, acusaba a Compromís de formar parte de ese gobierno que había dado vía al expediente de la gasolinera, y realizado un Plan General ‘trampa’ para la ciudad.
Y los de Compromís volvieron a contratacar…
El resultado ya se lo puede imaginar el lector.
¿Quién le puso el cascabel al gato?
