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La Junta Directiva del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) ha mantenido este miércoles una reunión con la directora territorial de Sanidad, Azucena Martí, para pedir más coordinación entre Administración y el órgano colegial en temas como la lucha contra el intrusismo y la gestión de las reclamaciones de los pacientes, y para trasladar algunas de las cuestiones que preocupan al sector, como la necesidad de regular la publicidad de los productos sanitarios.
A esta primera toma de contacto con la nueva directora territorial, celebrada en las dependencias de Sanidad de la plaza Huerto Sogueros de Castellón, han asistido, en representación del CODECS, su presidente, Victorino Aparici; el vicepresidente, José Gil; y el presidente del Comité de Ética y Deontología del Colegio, Guillermo Cabanes, así como personal del área de Inspección de Sanidad.
“Ha habido una buena predisposición para hablar por parte de la Administración, y se han adquirido varios compromisos en los temas que le hemos planteado, así que la valoración que hacemos de este primer encuentro es satisfactoria”, ha señalado el presidente del CODECS, Victorino Aparici, quien ha añadido que a partir de ahora se fijará un calendario de reuniones periódicas entre ambos organismos para analizar los avances.
Entre los compromisos adquiridos hoy por parte de la Administración figura el de facilitar al CODECS aquella información que legalmente pueda sobre las clínicas dentales para poder gestionar y avanzar en la tramitación de las quejas de los pacientes.
En este sentido desde el Colegio han informado a la Administración de que el número de reclamaciones ciudadanas presentadas en su sede va en aumento, y que están motivadas sobre todo por el cierre de clínicas que dejan a mitad tratamientos y financiaciones, con la consecuente indefensión de los pacientes, “que no disponen de la información que por ley les corresponde y que consta en sus historias clínicas, tales como qué profesional les ha atendido o la marca del implante que lleva, lo cual hace inviable poder tramitar las quejas”.
A ello se añade, según han informado desde el Colegio, “que cuando nos dirigimos a Sanidad para pedir información sobre el responsable sanitario de dichos centros para poder contactar con él y depurar responsabilidades, nos encontramos con que se trata de datos que no son públicos y no podemos dar respuesta a los pacientes ni
continuar con la tramitación de las quejas.
Tras la reunión de este miércoles la delegación territorial se ha comprometido a estudiar la forma legal de facilitar esta información para agilizar la labor de defensa de los derechos de los pacientes que lleva a cabo el Colegio y para velar por el adecuado ejercicio de la profesión y de una atención bucodental de calidad a la población.
La Junta Directiva del CODECS ha trasladado también a la delegada territorial la reivindicación de poner en marcha una regulación especial para los productos sanitarios, en los que se incluye la prestación de servicios dentales, para blindar la salud bucodental de los pacientes y que éstos no se vean perjudicados por promociones y ofertas engañosas.
“La publicidad en el sector de la salud requiere de una regulación especial y del cumplimiento de la misma; hoy se lo hemos planteado a la directora territorial y nos ha pedido que nos pongamos en contacto con el resto de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana para perfilar una postura conjunta e informar a Sanidad”, ha dicho Aparici.
La lucha contra el intrusismo ha sido otro de los temas abordados en la reunión, que ha durado casi dos horas. Desde el Colegio señalan que, a pesar de la mejora que supone la nueva regulación del intrusismo con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y el aumento de las sanciones, “se entiende que es insuficiente y poco disuasorio, al menos en el ámbito de la profesión de dentista”.
En este sentido han señalado que las penas deberían ser mayores, sobre todo las privativas de libertad, y que la nueva regulación penal debería ir acompañada de una regulación administrativa que permitiera una mayor colaboración entre la Administración pública competente, como es la Conselleria de Sanidad, y los colegios oficiales “para actuar de forma más eficaz contra el intrusismo y para evitar los graves perjuicios que se pueden causar a los pacientes”.
Esta cooperación a dos bandas permitiría también “evitar que los intrusos condenados puedan conseguir en tan poco tiempo el título que les autorice a colegiarse en su caso y poder ejercer la profesión”.
También han reivindicado que Sanidad se persone en aquellos centros, y no sólo en los registrados, sobre los que está alertando el Colegio tras tener constancia de que en su interior se lleva a cabo la práctica odontológica por parte de personal del que se desconoce la titulación.
