La instrucción del caso Castor se prolongará entre seis y dieciocho meses
El Juez de Vinarós declara que la complejidad de la causa es superior a lo previsto, con diligencias que superan ya los 13.000 folios
La instrucción del Caso Castor, que lleva a cabo el Juzgado número 4 de Vinarós, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas de Castellón, ha resultado ser más compleja de lo previsto. El Juez ha anunciado la ampliación del proceso de instrucción de 6 a 18 meses.
Castellón Información
El Consejo del Poder Judicial ha informado esta mañana, que el periodo de instrucción del denominado ‘Caso Castor’, que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas de Castellón, se ampliará por lo menos, de 6 a 18 meses. Las razones apuntadas por el juez, se deben a “la complejidad de la causa”.
Según el comunicado remitido por el Consejo del Poder Judicial, el Juzgado de Instrucción 4 de Vinarós ha declarado ‘causa compleja’ las diligencias del 'caso Castor', en las que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas de Castellón.
En esta causa han declarado ya 16 de los 18 investigados (denominación que sustituye al término imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), en un proceso abierto por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
En el auto, el juez, explica el mismo comunicado, el número de imputados, dieciocho, "es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión", solicitada por el fiscal. Añade que "revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal Ugs, es también motivo de declaración de complejidad (324.2. f) LECrim), atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su Consejo de Administración".
El instructor de esta causa, que ya ha superado los 13.000 folios, considera además, indica el Consejo del Poder Judicial, que la complejidad de los delitos investigados exigirá de la “realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis” que justifican la declaración del "caso Castor" como causa compleja y la ampliación del plazo máximo de instrucción de 6 a 18 meses.
El Castor, que fue reconocido como el culpable de los más de 500 movimientos sísmicos que afectaron a las costas de Tarragona, Castellón y Valencia, en septiembre de 2013, fue paralizado oficialmente mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros, en el mes de octubre de 2014. Pero esta paralización tuvo sus consecuencias al reconocer la existencia de una cláusula en el contrato, que obliga al Gobierno a pagar, a través de la Empresa Pública Enagás, una indemnización superior a los 1.300 millones de euros a la empresa Escal UGS, que finalmente repercutirá en los recibos de gas de todos los españoles.
En diciembre de 2014, la Fiscalía Provincial de Castellón denunció ante el juzgado decano de Vinarós a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
Concretamente, la denuncia se dirigió contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la época de Zapatero de la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
Si el tema Castor fue negativamente popular por los movimientos sísmicos, también lo ha sido por los ataques políticos protagonizados por los diferentes partidos, así como también, por la constatación de que no existían todos los estudios técnicos necesarios cuando se le dio la debida autorización gubernamental para sacarlo adelante.
Recientemente, la Diputación Provincial ponía de manifiesto durante el último pleno del año 2015, un artículo publicado por la revista Interviu, en el que se llegaba a señalar, que el Gobierno en su momento llegó a modificar ‘las fronteras’ entre las provincias de Castellón y Tarragona, para intentar solapar las autorizaciones que si se dieron a las actuaciones en la zona marítima de Tarragona, pero no en las aguas territoriales de Castellón para realizar los trabajos del almacén de gas,
