Santiago Beltrán. Abogado.
Escribía a principios de diciembre de 2012 en este mismo periódico (perdón por la auto cita) que en la llamada cuestión de la independencia de Cataluña, España no se enteraba. Han transcurrido casi dos años desde entonces y la falta de visión del gobierno del Estado se ha convertido en ceguera absoluta. Decía entonces que la mayoría de las fuerzas separatistas catalanas habían trazado una ruta clara y decidida, sin vuelta atrás, hacia la consecución de su único objetivo: el Estado Catalán independiente. El guía y líder de este plan no era Mas ni nadie desde la Generalitat, ni siquiera desde la oposición. El estratega se encuentra en la propia sociedad y por tanto no es un única persona, o partido político o grupo, asociación o colectivo social o cultural. La fuente hay que encontrarla en la misma sociedad y sus representantes políticos son solo sus voceros, los instrumentos que se utilizan para enfrentarlos con el Estado Español. Es esa sociedad catalana independentista la que, después de treinta años de democracia, ha ido creciendo inexorablemente hasta ser tan grande, que hoy prácticamente no hay nadie en Cataluña, con menos de esa edad, que no sienta a España como ajena y fundamentalmente como opresora, porque impide que se manifieste, libre y pacíficamente, para expresar lo que quieren ser. Y da igual que para ello se necesiten dos o doscientos referéndums, porque la meta es conseguir la libertad, y contra este objetivo no hay leyes ni fuerzas que lo puedan impedir, ni tan siquiera obstaculizar.
Decía en aquel artículo, después de escuchar una entrevista en la radio nacional de Cataluña, de la portavoz de ERC, que la ruta está pactada y decidida y sería corta, contundente y definitiva. Quizás las prisas de los republicanos les confundió, pensando que en un año conseguirían tener lista la consulta. Pero solo se equivocaron en la fecha, porque en menos de dos años la habrán conseguido de forma inexorable.
Podrá creerse, como desde este lado de la ficticia frontera se insiste en afirmar, por las fuerzas políticas y fundamentalmente por la prensa mayoritaria, tan ciega como los gobernantes españoles, que llegado el momento, con la decisión del Tribunal Constitucional suspendiendo la ley de consultas y la convocatoria de referéndum, mas la amenaza de actuar penalmente contra todo el que desobedezca la orden de prohibición, la consulta no se realizará y la marejada se convertirá en agua de borrajas.
Y de nuevo nos volveremos a equivocar. El día 9 de noviembre nadie desde España mandará a la fuerza pública (¿mossos d’esquadra?) ni al ejército ni a la legión, a impedir que las urnas salgan a las calles. Ni habrá ningún fiscal en Cataluña, que obedeciendo las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, formule miles de denuncias contra los funcionarios que participen y colaboren para que se pueda escuchar la voz de varios millones de catalanes, que extraordinariamente organizados han elegido su camino.
La secesión unilateral es una realidad ahora que se pudo evitar antes. Los partidos que han gobernado España desde que se aprobó la Constitución Española pudieron no haber pactado con los nacionalistas, pudieron por el contrario ponerse de acuerdo en dotarse de una ley educativa que impidiera que la historia y la lengua, mal utilizadas e instrumentalizadas, se pudieran convertir en las armas más potentes que unos pocos entonces (hoy la gran mayoría) tenían para ganar adeptos a su causa secesionista.
Decía en diciembre de 2012 que la culpa de este insoluble problema no se había generado por la avaricia de los nacionalistas (estos solo se aprovecharon de la coyuntura), sino por la falta de escrúpulos y el ansia de poder del partido socialista y de los populares. Por eso ahora, los primeros ofrecen soluciones federalistas de risa y los segundos esperan que la providencia divina (o la Merkel) venga a evitar el desastre.
España, dos años después, sigue sin enterarse.
