Antonia García Valls. Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó.
Estamos ante otra reforma ideológica del PP. En este caso, las víctimas son los ayuntamientos, la administración local, la administración más cercana a la ciudadanía. Pretenden una reforma de la administración local que supone un claro ataque al bienestar de las personas y a la democracia municipal.
Con la tan manida excusa de la crisis y con argumentos económicos que no se ajustan a la realidad. Los ayuntamientos son los que menos déficit tienen. Del total de la deuda de las administraciones públicas, sólo el 4,1% corresponde a la Administración Local. Además introduciendo el falso debate sobre el número de concejales con dedicación exclusiva y sueldos; y es que, la realidad desmiente el discurso del PP: el 85% de las concejalas y de los concejales de nuestro país no tienen sueldo.
Se castiga a los pequeños municipios y, sobre todo, a la ciudadanía. El PP, con su reforma, establece sueldos de entre 80.000 y 100.000 euros para los alcaldes y concejales de las grandes ciudades y deja sin ningún sueldo a los alcaldes de los pueblos pequeños. Y no dice nada de los asesores, de limitar sus sueldos. Recordemos que a los asesores no los elige la ciudadanía, son producto de la elección digital, y muchas veces, sin más valoraciones que la afinidad ideológica.
Va a perder la ciudadanía porque, con esta reforma que pretende la derecha de este país, desaparecen servicios públicos básicos que los ayuntamientos prestan, vuelvo a repetir, como administración más próxima y conocedora de los problemas de las personas.
Y es claramente un ataque a la autonomía y a la democracia municipal, ya que se pretende la transferencia de la gestión y prestación de estos servicios, a las Diputaciones Provinciales, cuyos miembros no son elegidos directamente en las elecciones. Diputaciones que privatizarán, mediante concesiones, estas prestaciones. Es decir, la capacidad de decidir pasará de aquellos a los que la ciudadanía elige directamente, para tener esa referencia política directa, en procesos electorales, a aquellos que se eligen de forma indirecta.
La propuesta del PP supone claramente un cambio de modelo y un ataque frontal, uno más, al municipalismo, desde el que, desde el inicio de la democracia, ha permitido la vertebración del territorio y la cohesión social más alta que hemos tenido en toda la historia de España.
Solucionar los problemas de la gente no es la prioridad del PP. Y los datos ratifican esta afirmación. Incumplir todo lo prometido es lo que ha hecho Rajoy y su séquito, desde el principio. Pero no tienen ningún problema en no hacer lo que prometieron y hacer, y se dan mucha prisa para ello, lo que no dijeron. A base de reformas ideológicas se están cargando todo lo que la sociedad española ha construido en los últimos 30 años. Intentando construir una sociedad antigua, de la que parece,… tienen mucha nostalgia.
