Santiago Beltrán. Abogado.
20.11.2013. Un grupo antifascista de unas 150 personas ha irrumpido este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, agrediendo a cinco personas que han resultado heridas (Diario Público).
28.11.2013. Una treintena de jóvenes independentistas del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han ocupado la sede de UPyD en Barcelona (El País-Ed. Catalunya).
28.11.2013. Rubalcaba, ha tenido que suspender la conferencia que tenía previsto impartir en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada ante una protesta de medio centenar de personas, la mayoría integrantes del movimiento 15M (www.rtve.es).
Los tres ataques, han ocurrido en el plazo de una semana, en localizaciones diferentes y han sido protagonizados por grupos radicales no relacionados entre sí. Sin embargo tienen nexos de unión que les conecta intrínsecamente: por un lado todos ellos han sucedido en la Universidad o son imputables a estudiantes; por otro, todos sus integrantes son ideológicamente de extrema izquierda; asimismo, pertenecen a movimientos bien vistos y tolerados; por último, gozan de total impunidad para agredir, insultar, atacar la propiedad privada, la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación de aquellos a los que califican como contrarios a sus intereses y objetivos.
La impunidad de la que gozan no deriva de que no existan leyes en este país que puedan serles aplicables, sino de que quienes deben hacerlas cumplir, en el fondo, entienden, en la mayoría de los casos, sus mensajes violentos, y comparten, porque no decirlo, que puedan ejercer en régimen de monopolio, una serie de derechos constitucionales, que otros, por lo que se ve –las víctimas de sus odios- los tienen negados.
La impunidad consiste en hacer lo que les viene en gana sin tener una consecuencia determinada, más allá de tener que acudir –y no siempre- a presencia judicial, para salir por la misma puerta que por la que entraron y que a mayor gloria les sirve de acto propagandista.
Nadie es capaz de recordar ahora que ocurrió con aquellos que protagonizaron atentados de este estilo en el pasado. Por ejemplo, que sanción se les impuso a los que intentaron agredir a Rosa Díez en la Complutense el 21 de octubre de 2010, o los que insultaron gravemente a Aznar en febrero de ese mismo año, en la Universidad de Oviedo, o como olvidarse del ataque a las sedes del PP el infausto 13 de marzo de 2004 (jornada de reflexión de las elecciones de ese año).
Aquellos que disculpan la barbarie practicada por determinados grupos o movimientos de determinado espectro ideológico –aunque rechazan escandalizados la de otro signo-, con el manido y recurrente pretexto de la libertad de expresión y manifestación, se olvidan interesadamente que la violencia o la agresión como instrumento democrático no existe, y menos que se exteriorice en la Universidad, que es el foro donde el respeto, la educación, la tolerancia, la cultura y el razonamiento, son la base fundamental de su existencia.
Nadie discute que Dinamarca es un país democrático, moderno, avanzado, ejemplo de tolerancia e integración del diferente. Ninguno de los que aquí se posicionan a favor de nuestros agresivos conciudadanos de extrema izquierda, dirían que los daneses no son respetuosos con la democracia. Sin embargo, en este país nórdico, nadie es capaz de confundir libertad con libertinaje, ni de renunciar a que los derechos de cualquier persona o grupo puedan manifestarse pacíficamente y por los cauces legales. Por lo mismo tienen absolutamente claro que la garantía de que esos derechos puedan perpetuarse depende de sus leyes pero sobretodo de su acatamiento general. Que el que actúa fuera de la norma debe pagar por ello y no de cualquier manera, sino de una forma severa. Y cito a Dinamarca como ejemplo, para recordar que el 18 de diciembre de 2009, una español reconocido internacionalmente por su militancia política medioambiental, fue detenido por la policía danesa tras participar en un acto de protesta pacífica en la Cumbre de Copenhague. No solo fue detenido de inmediato, sino ingresado en prisión, en la que estuvo 19 días preventivamente, juzgado de inmediato y condenado.
En Dinamarca defienden su democracia, en España nos la cogemos con papel de fumar.
