Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
Que hubo pacto, no hay duda. Quién, con quién, cómo se pactó, dónde y para qué, sigue siendo todavía un misterio. Planteo aquí esta adivinanza que viene a cuento del excarcelamiento de.Santi Potros decretado esta semana .por la Audiencia Nacional. ¿Alguien en este país de memorias históricas selectivas se acuerda todavía del atentado de Hipercor? Era el 19 de junio de 1987. El temporizador activó la bomba a las cuatro y diez de una tarde calurosa de viernes, donde murieron 21 personas, entre ellas varios niños, y 45 resultaron heridas de gravedad.
Pues bien, el cerebro de tal masacre ha salido esta semana a la calle, diez años antes de lo previsto, gracias a otra pirueta de unos jueces que cumplen órdenes de la política. No es que los jueces hagan política, como ha dicho Angeles Pedraza. En un país con una justicia intervenida por los partidos políticos, los jueces obedecen a sus mentores. Eso es todo. Existe entre sus banderías togadas la misma guerra que se libra entre sus patronos. Y veinticuatro horas antes de que el otro bando en liza amenazara con un recurso ante el Supremo por medio de la Fiscalía, en la Audiencia Nacional se han dado prisa en decretar la apertura de la celda del asesino de Hipercor. Manda huevos que un tribunal creado en su día para perseguir, entre otros delitos, el de terrorismo, haya terminado por dedicarse a darle amparo y cobertura.
Ha sido la cuestión terrorista la que ha propiciado el relativismo jurídico al establecer la dicotomía entre lo político y lo legal. Se trata de suspender la ley, mirar para otro lado, y afrontar los chantajes de los separatistas con criterios exclusivamente políticos, al margen o en contra de la ley, como también se hizo en el caso de los GAL. En un país donde matar trae a cuenta resulta normal esta delirante teoría, introducida por Felipe González con su cínico principio, aquel que decía “gato blanco o gato negro no importa si caza ratones”. Olvidan que la ley es el fundamento de la polis.
ETA dejó de matar no por haber sido vencida ni convencida, sino por haber pactado la suspensión del estado de derecho. Cuándo fue el pacto, nadie lo sabe; pero resultan más que evidentes tanto sus términos como sus resultados, a la luz de la evolución de los hechos. El dónde tampoco se sabe. Hasta puede que hubiera lugares y fases distintas. Aunque a uno le persigue la hipótesis inquietante de si todo este proceso no habría tenido su inicio en aquel encuentro de Perpiñán del 3 de enero de 2004, dos meses antes del atentado del 11-M. Cuando Carod Rovira se justificaba, aduciendo que había pedido a ETA que no atentara en Cataluña, estaba implícitamente aceptando que lo hiciera en el resto de España. En su twit de celebración del décimo aniversario de la cumbre de Perpiñán, él mismo se atribuye la paternidad del cese de la violencia, que para sí ha reivindicado también Rubalcaba. Demasiados padres para una misma criatura. Cuando Zapatero pidió poderes al Congreso para dialogar con ETA mentía. En realidad hacía lo mismo que los cónsules romanos cuando pedían al Senado poderes de dictadores para asuntos de emergencia, algo inadmisible en una democracia moderna. No se puede pedir manos libres para pactar contra los intereses del estado.
Tanto el PP como el PSOE han lamentado esta semana la decisión de los jueces de la AN. Increíble. Todo un arte del disimulo, ahora que se acerca el tiempo de urnas, para no tener que tragarse otro sonrojo como el de la liberación primero de De Juana Chaos, y posteriormente de Bolinaga, cuyas amnistías tienen todos los visos de formar parte de lo pactado.
Una observación atenta del proceso desencadenado en 2004 sugiere la hipótesis de un itinerario que está llegando a su meta, que es la independencia promovida desde Euskadi y Cataluña. Parece que ya se esté cumpliendo aquello de que ETA ha removido el nogal y es en Cataluña donde se empiezan a recoger las primeras nueces. Jamás un estado dio tantas facilidades para su desmantelamiento, mientras nos queda a todos el amargo sabor de boca de una moraleja escandalosa y terrible: que matar es políticamente rentable. Así transforma la trituradora nacionalista al terrorista en héroe y a las víctimas, en fachas y tocapelotas.
