Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
El esperpento español es tan surrealista que hasta una organización terrorista como ETA se convierte en garante de derechos humanos fundamentales. Gracias a la etarra Inés del Río, una serie de presos que habían cumplido sus penas, y en consecuencia estaban ilegalmente en prisión -y más después de aplicarles la retroactividad- vuelven ahora a la calle.
Que nadie se rasgue las vestiduras. No es culpa de los jueces, menos todavía del Tribunal de Estrarburgo, que no juzga si nuestro código penal es más o menos severo, sino que, con el código español en la mano, el tribunal declara que una serie de reos han dejado de serlo y están detenidos de forma ilegal. Cumplieron su pena. La responsabilidad es del legislador que hizo leyes bajo el síndrome postfranquista y la presunción de tener el código penal más progre de Europa, que era de lo que presumía nuestro Hammurabi baturro cuando promulgó el narcisistamente llamado Código Belloch, que quiere remedar ahora otro narciso, un tal Gallardón, el que indulta kamikazes.
Aunque mayor hipocresía fue adherirse al Consejo de Europa y a su Tribunal de Derechos Humanos, donde no cabe la pena muerte, y después lanzarse a matar etarras, y a quien no lo era, cuando el penoso episodio del GAL, con dinero de la caja B del Estado, que algunos listillos usaron además en provecho propio.
Es la consecuencia natural cuando se promulgan códigos penales tan laxos. Llega un momento en que el propio gobernante tiene que soportar su impotencia para mantener el orden, al haberse atado él mismo las manos con sus propias leyes –el poder ejecutivo es aquí el único legislador, al margen de eufemismos parlamentaristas-, y es entonces cuando recurre el gobernante a ejercer el poder desde la ilegalidad. Eso es lo que ha sentenciado Estrasburgo. No entra a dirimir si la demandante merece mayor o menor pena. No es su competencia. Ni siquiera entra a juzgar sus delitos. Le está diciendo al Estado Español lo peor que se le puede decir a un estado democrático: que no respeta su propiaa legalidad.
Hasta aquí Estrasburgo. La opereta empezó hace quince días con las urgencias de dar cumplimiento a la sentencia, más esperada y ansiada que la navidad en adviento. Presoak etxea. Ese era el pacto de Zapatero con ETA. Ha sido una sentencia por encargo del Estado Español, en uso magistral de los recovecos jurídicos de nuestra estrafalaria legislación. La chacinería de Estrasburgo ha elaborado el embutido solicitado con los ingredientes aportados al efecto. Y así como el PP se queja de la herencia económica recibida, por lo ruinosa e inevitable, no así se queja de la herencia política, donde sí tenía la libertad de no declararse heredero. Pero decidió declararse el día en que Zapatero acudió con su testamento al despacho del flamante Jorge Fernández. La decisión de endosar de tapadillo las llaves de la cárcel a Estrasburgo estaba ya tomada. Sólo quedaba comprar los kleenex para enjugar las lágrimas de los familiares de las víctimas. Ayer creyó cumplir con ello Saenz de Santamaría.
Resulta penoso el escenario judicial y político. Cuando se llega a la aporía de que un grupo terrorista se erige en garante de derechos fundamentales es que estamos ya en la ciudad sin ley, no en un estado derecho. Un mundo al revés. Si alguien resultara víctima de algún preso ahora liberado, lo propio será demandar al Estado. Por dejación de funciones.
