Las fotografías aéreas demuestran que la estructura de la casa ya existía en 2003, pero no se puede demostrar la antigüedad del vallado
Los propietarios y promotores de una vivienda situada en la partida Brunella, de la Marjalería, situada en el Camí la Mota, tendrán un plazo de menos de 15 días para defenderse, y de un mes, para iniciar la demolición de las obras de la casa y el muro que la rodea. Las fotografías aéreas de que dispone el Ayuntamiento de Castellón, demuestran que la construcción ya existía en el 2003, pero no pueden verificar la antigüedad del muro. El expediente ha sido puesto en manos de la fiscalía.
EM/Castellón Información
La lucha contra las infracciones urbanísticas en el término municipal de Castellón y más fundamentalmente, en el área de la Marjalería, siguen su curso.
El pasado 24 de junio el Ayuntamiento de Castellón emitía una resolución, que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo de este anuncio, localizar a los propietarios y promotores de las obras de una vivienda y un muro en una parcela de la partida Brunella, y notificarles que tenían un plazo de 15 días para presentar alegaciones, y de un mes para demoler por si mismos estas obras, o como se dice ahora más elegantemente: “restaurar la normalidad urbanística”. Transcurrido un mes podrán aplicarse sanciones y multas, y al cabo de 10 meses, será el Ayuntamiento el que ejecute, de forma subsidiaria esta demolición, que será cargada posteriormente a sus propietarios.
El tema ha sido puesto en manos de la Fiscalía.
En este tema, que se suma a otros anuncios y denuncias por infracciones urbanísticas en la Marjalería, llama la atención su publicación en el BOE; y la descripción de como se ha desarrollado el proceso. La existencia de uno o varios propietarios y promotores; la verificación de que la vivienda que se remonta, por lo menos, al 2003, como se describe el procedimiento, Y la resolución que se toma al respecto.
Según este documento, se trata de una parcela situada en la Partida Brunella, junto Camino de la Mota Izquierda, Entrador Magnolia, MI-163-A, Polígono 24.
La denuncia que da lugar a este procedimiento se produce en mayo del pasado año, cuando se observa que se han realizado obras consistentes en la construcción de un muro “de 11,60 metros lineales de 1 metro de altura y 11,90 metros de 0,80 metros de altura aproximadamente en lateral Oeste y construcción de muro de unos 39 metros lineales aproximadamente en lateral Norte”.
Se identifica como propietarios de la parcela y promotores de la obra, a María Luisa Izquierdo Moya y a Jorge Mulet Pascual. Pero estos datos no coinciden con los que figuran en el registro catastral de la parcela, que se encuentra a nombre de Manuela Marco.
En un informe del 4 de agosto de 2014 se indica que en la parcela hay una construcción tipo vivienda de dos plantas en fase de estructura, de una superficie aproximada de 200 m2. En el mismo informe se indica que la parcela está vallada por el muro que se ha señalado anteriormente.
Esta parcela está situada sobre Suelo No Urbanizable Protegido, lo que quiere decir, que ninguna de las obras que se lleven a cabo en suelo con esta calificación podrán ser legalizadas nunca. Esto, como han explicado reiteradamente los responsables de urbanismo de Ayuntamiento y Conselleria, no quiere decir que se tengan que demoler antiguas construcciones existentes en este suelo, pero sí que no se podrá restaurar, mejorar ni obrar sobre ellas.
Hasta la aprobación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la penalización de estas construcciones nuevas tenían un periodo legal de 5 años. Con esta nueva Ley, se prolonga el plazo a 15 años.
En lo que concierne a esta parcela, El Ayuntamiento reconoce que según las fotografías aéreas (ortofotos) tomadas en el 2003, 2009 y 2012, esta construcción la de la vivienda, ya estaría presente, en la misma situación en la que se encuentra ahora. Pero no puede verificarse en estas fotos (que no quiere decir que se pueda afirmar tajantemente que no existiera) si existía o no el muro de bloques de hormigón que vallan la parcela.
En este caso, y pese a demostrar la antigüedad de la construcción de la vivienda, se resuelve por la demolición de la estructura y del muro, que deberían realizar por sí mismo los propietarios y promotores.
El anuncio en el BOE, se justifica en que el Ayuntamiento no ha logrado localizar y notificar su resolución a ninguna de las personas que figuran en diferentes documentos como propietarios o promotores. Con este anuncio, se abría un periodo de 15 días para que los afectados puedan solicitar una audiencia y presentar documentación que justifique la antigüedad de sus obras. Pasado este periodo, se da un plazo de un mes para la demolición voluntaria. Transcurrido el mismo, se aplicarían multas mensuales que oscilarían entre los 600 y los 3.000 euros.
Si en un periodo de 10 meses no se hubiera ‘restablecido la normalidad urbanística’, demolición, sería el Ayuntamiento el que podría hacerlo, cargando los gastos a los propietarios o promotores, cuya cuantía se ha estimado en más de 43.000 euros.
