El Ayuntamiento de Castellón ha presupuestado una reserva de 150.000 euros en sus cuentas del 2016 para poder hacer frente a la posibilidad de que se generen sentencias condenatorias. La mayoría de estas sentencias proceden de conflictos judiciales por discrepancia de criterios en torno al valor de terrenos y otros elementos urbanísticos por procesos de expropiación