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Tras la publicación de la sentencia ACPV entiende que el Supremo “ha enterrado la herencia del presidente Camps de persecución política y económica a nuestra entidad”.

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia que estima el recurso interpuesto por Acció Cultural del País Valencià y anula las resoluciones de la Generalitat Valenciana por las que se impedían las emisiones de TV3. De este modo, se vuelve a abrir la posibilidad de tener emisiones de la televisión autonómica catalana en la Comunitat; aunque todavía hay cuestiones relativas a los repetidores de Acció Cultural que impiden afirmar esa posibilidad. En la sentencia, el Supremo no valora el uso del dominio público radioeléctrico y señala que en todo caso “debería decidir el gobierno español”; es decir la Generalitat no tiene competencia.

Los alumnos, desempleo de larga duración, han percibido un sueldo mensual del 120% del salario mínimo interprofesional.

Esta red de pequeñas localidades con encanto, pretende promocionar los municipios de menos de 15.000 habitantes y contribuir con la cultura.

El objetivo de este mercadillo es crear un espacio de convivencia “un punto de encuentro entre estas asociaciones y el resto de la sociedad castellonense”.

Aunque no se han producido incidentes graves, el representante sindical ha informado del envío de denuncias, algunas de ellas del día de ayer, a Inspección de Trabajo.

La patronal considera que la huelga “no es la respuesta” y continúa apostando por la negociación, aunque “sin dejar de tener presente la crisis económica ”.

Esta semana las charlas formativas son las grandes protagonistas del Mes del Voluntariado en Onda; cuatro propuestas bien diferentes pero igual de interesantes.

Se ha aprobado también el estudio de la ampliación de horario en la Biblioteca Municipal, aunque ya existe el aula de estudio en el Ateneu Jove.

El responsable del FECOMA-CCOO Comarques del Nord, Vicente Ortells, ha declarado a Castellón información que durante la mañana se han vivido “coacciones y amenazas” por parte de los gerentes a algunos trabajadores para impedir su derecho a huelga. Además, se han formulado siete denuncias a la Inspección de Trabajo porque en algunas empresas se han sustituido trabajadores en puestos de trabajo de huelguistas.